Agentes de la Fiscalía de Colombia detuvieron hoy en Bogotá al excongresista Luis Fernando Almario para que responda en indagatoria por presuntos nexos con paramilitares, informaron fuentes judiciales.
La detención fue cumplida "ante una orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que le investiga por el supuesto apoyo que recibió de paramilitares para alcanzar un escaño en el Congreso", dijo una fuente de la Fiscalía.
Almario es investigado como "presunto responsable del delito de concierto para delinquir", añadió la fuente.
El exparlamentario, abogado y miembro del Movimiento Participación Popular del Partido Conservador, fue representante a la Cámara durante cinco periodos consecutivos hasta 2008.
El mismo Almario fue procesado penalmente por el homicidio múltiple del entonces congresista Diego Turbay Cote, y algunos familiares en diciembre del año 2000.
Un fiscal de Derechos Humanos lo vinculó entonces con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y lo consideró presunto autor intelectual en ese crimen múltiple.
Turbay Cote, entonces presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de representantes, murió en una emboscada tendida por las FARC el 29 de diciembre del 2000 en una carretera del sureño departamento del Caquetá, así como su madre Inés Cote de Turbay.
También fueron asesinados el arquitecto Jaime Peña Cabrera y los acompañantes y escoltas, Edwin Angarita Alarcón, Mail Bejarano Martínez, Dagoberto Samboní Uni y el conductor del vehículo, Rafael Ocasiones Llanos.
El crimen ocurrió en la vía que conduce de Florencia, capital del Caquetá, a San Vicente del Caguán.
La CSJ investiga al exlegislador por haber solicitado, presuntamente, "apoyo político del Bloque Central Bolívar" de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de la extrema derecha armada.
Más de un centenar de políticos, entre congresistas, excongresistas y exfuncionarios colombianos están afectados por la llamada "parapolítica", nexos con paramilitares, y unos treinta han sido condenados desde 2006 cuando estalló el escándalo tras la desmovilización de unos 31,000 paramilitares entre 2003 y 2006.
