La presencia de la megadeuda de Coahuila es tema constante, porque mes a mes el pago de intereses que sobrepasa el once por ciento del gasto del Gobierno del Estado, renueva el tratamiento del tema en el primer nivel de atención de los ciudadanos.
De nada vale la insistencia de Rubén Moreira en el sentido de dar vuelta a la página ni los afanes de los candidatos del PRI por deslindarse de la deuda, si algunos de ellos fueron parte del Congreso cómplice que a nivel local autorizó al vapor y con dispensa de estudio y trámite la reestructuración de la deuda bancaria en noviembre del año pasado, lo que significó una forma de encubrir y legitimar el endeudamiento irresponsable y el modus operandi delictivo con que se contrajo, por parte de los entonces diputados locales que ahora se presentan sin ningún rubor como candidatos.
Tal es el caso de Salomón Juan Marcos candidato del PRI a diputado federal por el quinto distrito con residencia en Torreón, quien al ser cuestionado por El Siglo de Torreón sobre las investigaciones que realiza el gobierno de Estados Unidos por el delito de lavado de dinero en contra de Javier Villarreal, extitular del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila, respondió que en su función como diputado local aprobó la contratación de la deuda, cuando aún no se sabía el origen ilícito de la misma.
Falta a la verdad el candidato, porque la reestructura aprobada el mes de noviembre del año pasado por la legislatura local de la que Salomón formó parte, incluye el importe de los créditos contratados con documentos falsificados y para esa fecha ya habían sido presentadas dos denuncias al respecto ante la Procuraduría General de la República por la Secretaría de Hacienda e inclusive ya se encontraban en marcha las investigaciones por parte de la entonces Fiscalía de Coahuila, a raíz de una denuncia hecha por el propio exgobernador Humberto Moreira fingiendo una sorpresa que nadie en su momento le creyó, ni siquiera sus propios compañeros de partido que optaron por destituirlo de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, para limitar los efectos de la indignación y el escándalo.
Como consecuencia era responsabilidad de los entonces diputados analizar detenidamente la deuda en sus detalles y el modo en que se contrajo, y suspender la reestructuración de la misma hasta que todo estuviera investigado y aclarado, como premisa para determinar de cara a los gobernados, la responsabilidad tanto de los funcionarios públicos como de las instituciones de crédito y de los funcionarios bancarios, involucrados en el proceso de endeudamiento.
Hoy día Salomón Juan Marcos exige que se investigue hasta sus últimas consecuencias y se castigue a los responsables, lo que resulta incongruente con su propia actitud y desempeño como diputado local hace apenas seis meses.
Por disposición legal los diputados a los congresos locales son los responsables tanto de la autorización de los créditos solicitados por el Poder Ejecutivo como de la revisión de la cuenta pública, por lo que es evidente que la actitud omisa de los diputados al Congreso de Coahuila, los hace al menos encubridores de los ilícitos cometidos.
Sin embargo, los candidatos priistas no sólo pretenden ignorar el tema, sino que descaradamente se deslindan y descalifican las críticas alegando que corresponden a una guerra sucia de sus adversarios políticos en año electoral. La excusa es inadmisible y absurda, porque partiendo de la realidad de que el año pasado tuvimos elecciones de gobernador, este año tenemos elecciones federales y el año entrante tendremos elecciones municipales, la intención evidente es que los ciudadanos enmudezcan y soporten sin chistar el mal desempeño y el saqueo de recursos públicos.
