La deuda de Coahuila es un tema que permanece en un primer nivel de atención del público, y no sólo por virtud del juicio de amparo recién concedido, que ordena a la Secretaría de Finanzas del Estado transparentar la deuda y dar curso a la oposición de los ciudadanos al respecto.
El ineludible pago de intereses a los bancos por cantidades muy superiores al importe de la inversión en obra pública, el despido de más de dos mil burócratas en los últimos meses y la ruina de las finanzas en todos los rubros de la administración municipal y estatal, sostienen a la deuda irresponsable como realidad cotidiana y reto de primer orden.
Sin embargo, el gobierno priista de Moreira es refractario a las críticas. Al amparo concedido, el Secretario de Finanzas responde con cinismo que no afecta al reconocimiento y renegociación de la deuda aprobados por el Congreso de Coahuila, lo que quiere decir que la sentencia del Poder Judicial Federal no será obedecida y continuará la opacidad y el pago de intereses sobre intereses que ha convertido a la deuda en impagable.
Lo más curioso es que los recortes del presupuesto no afectan al gasto político electoral, en el que se agota el ser y el hacer del gobierno estatal (el poder por el poder), a despecho de las necesidades insatisfechas de la ciudad en los rubros de obra y servicios públicos.
El gobierno de Rubén Moreira apuesta a que el voto de castigo por el agravio que implica la deuda de treinta y seis mil millones de pesos contraída de manera fraudulenta, se vea compensado por el voto famélico que pueda obtener de su clientela atrapada en los programas sociales orientados al control político, sumado al voto del miedo que logre el PRI de utilizar al Peje como espantapájaros.
El candidato Enrique Peña Nieto es recibido en Torreón por su anfitrión como en los mejores tiempos de la presidencia imperial y del sistema de partido de estado. El dinero que corre a manos llenas a la compra del voto, la Policía municipal al servicio del acarreo, las bodegas del DIF municipal vaciadas por el reparto de despensas, el transporte público bloqueado, y en lo que constituye el colmo, el traslado de los diputados locales priistas en pleno a sesionar el día del evento en esta ciudad, para justificar su presencia en el acto partidista a costa del erario.
Lo que ocurre es evidente. Los gobiernos estatales priistas están echando mano del dinero público para hacerse de la Presidencia de la República sin importarles las consecuencias, ya que este fenómeno es el que en el pasado nos mantuvo en el círculo vicioso de las crisis económicas recurrentes.
La posibilidad de que se reproduzca el caso Torreón a nivel nacional es un riesgo real. En nuestra ciudad hasta hace tres años gobernaba el Partido Acción Nacional, y una persistente campaña orquestada desde el gobierno de Moreira forzó la alternancia bajo la consigna "rescatemos Torreón", esgrimida por los priistas.
Hoy día la ciudad está arrasada. Las carencias atribuidas al gobierno de José Ángel Pérez son irrelevantes en comparación al abandono actual en que falta el agua potable, hasta en las oficinas de la empresa pública encargada de abastecer el líquido elemento.
Las finanzas municipales van por el mismo camino de endeudamiento del gobierno estatal, y todo porque el estilo priista de gobierno, se empeña en hacerse del poder total y mantenerlo a cualquier precio, con cargo al dinero público malversado.
Las campañas de los candidatos priistas al Congreso de la Unión son explícitas al respecto y para ello basta el botón de muestra que ofrece Salomón Juan Marcos en el Distrito Cinco, cuando pregona una expresión llena de contenido adquisitivo y patrimonialista: "vamos recuperar el México que tuvimos…"
