La Cámara de Diputados comenzó la discusión de la reforma al artículo tercero constitucional en materia educativa.
Ello, luego de una negociación desatada por la negativa del Partido Nueva Alianza a que los maestros que ya forman parte del sistema educativo sean evaluados.
Originalmente, el partido había aceptado la inclusión de un artículo sexto transitorio que precisara que los derechos adquiridos de los maestros quedarían a salvo, con base en lo planteado en el artículo 123 constitucional, apartado B.
Sin embargo, en las primeras horas de hoy, el partido cambió de posición y pidió retirar del artículo tercero constitucional el término "permanencia", con la finalidad de dejar claro que los maestros en activo no serían lesionados por la evaluación educativa.
Julio César Moreno (PRD), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales pidió a los diputados continuar la lucha contra los poderes fácticos pues uno de ellos (el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) tiene "gran poderío" y afecta al país.
"El Estado mexicano se encuentra ante la responsabilidad y obligación de establecer los mecanismos idóneos de establecer una política educativa que transforme el sistema actual", consideró en tribuna.
Los diputados Ricardo Mejía (Movimiento Ciudadano) y Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT) pedirán que se suspenda la discusión.
El dictamen a discusión mantiene el término "permanencia" y no incluye el artículo transitorio mencionado.
La propuesta de reforma educativa fue presentada por el Ejecutivo Federal hace más de una semana. Los cambios contemplan dotar de autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; la creación de un servicio profesional docente que obligue a los maestros a presentar exámenes de oposición para obtener promociones, entre otras cosas.
Los cabildeos previos al inicio de la discusión hacen prever que los diputados aprobarán cambios al dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales para aceptar que los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto sea electos con base en cinco ternas que el Ejecutivo federal deberá enviar al Senado para que este elija al mejor perfil.
