Poner ante la justicia a los responsables de la contratación de créditos con documentos falsos a nombre del Gobierno de Coahuila, será apenas el principio del esclarecimiento del escándalo político-financiero más grande de la historia reciente de la entidad. Los giros que ha tomado esta trama en su vertiente judicial no deben distraernos de lo que es la parte medular de este asunto: el destino de los 35 mil 746 millones de pesos que la pasada administración estatal contrajo como deuda.
Mientras las autoridades mexicanas, apoyadas por la Interpol y el gobierno estadounidense, buscan a Javier Villarreal, principal operador financiero del exgobernador Humberto Moreira, para que responda por los delitos que se le imputan en la Procuraduría de la República, los coahuilenses siguen sin saber a ciencia cierta en qué se invirtió cada peso de la deuda descomunal que hoy tiene a la entidad con una calificación crediticia al nivel de "especulativa" (BB+), según la evaluadora internacional Fitch Ratings.
Hasta ahora, la única explicación -si se le puede llamar así- que existe sobre la deuda, es la que dio el exgobernador interino, Jorge Torres, durante su mensaje del sexto informe de gobierno. Pero dicha "explicación" no pasaría un proceso de euthyna (rendición de cuentas) en la antigua Atenas como no pasa hoy el más somero juicio del sentido común. En el análisis que publicó El Siglo de Torreón sobre las cifras proporcionadas aquel jueves 3 de noviembre de 2011 se establece que al menos quedan por justificar 18 mil 348 millones de pesos de la inversión pública de los seis años, un monto que equivale a poco más de la mitad de la deuda total del estado.
Pero las administraciones pasada y actual no sólo no han aclarado esta enorme diferencia, sino que también han sido omisas en el detalle del recurso que en realidad se invirtió en obras y programas. Al día de hoy no se sabe cuántos pesos de los créditos contratados de forma legal e ilegal fueron destinados a los proyectos de infraestructura, como los sistemas viales, y a los de asistencia social, como Tarjeta de la Gente y Seguro Escolar. Por si fuera poco, los padrones de beneficiarios de los programas permanecen aún en la total opacidad. ¿Quién recibió los apoyos? ¿Cuánto se les dio? ¿Qué criterios utilizaron para entregar los recursos? Son preguntas que todavía no tienen respuesta.
Y no hay mejor alimento para la sospecha que la falta de transparencia. No hay mejor aliciente para la malversación y el despilfarro que la ausencia de rendición de cuentas. Por eso, atenta contra la inteligencia de los ciudadanos los dichos de los esbirros de la familia Moreira de que "la deuda está en las obras" o que "lo que se ve no se pregunta", sobre todo cuando el actual gobernador se ha negado una y otra vez a hablar del espinoso tema. Su evasión es tal que ha optado por alejar a la prensa en sus actos oficiales y por hacer oídos sordos a los numerosos cuestionamientos.
Pero el desdén del grupo gobernante hacia la sociedad parece no tener límites. A la opacidad en torno a la deuda hay que sumar el incremento exorbitante en impuestos y servicios estatales y la reciente presentación de un plan de inversión para 2012 que es lo más semejante a una burla. En el caso de La Laguna, el gobernador Rubén Moreira incluyó en su cartera de proyectos obras que debieron ser terminadas en el sexenio anterior, y para las cuales ya existía un presupuesto asignado. Si dichas obras no fueron concluidas y, por ende, tampoco saldadas, entonces ¿dónde están los recursos que, no siendo utilizados, debieron ser reasignados? Sin más argumento que su posición en el gobierno, el mandatario asigna nuevas partidas a proyectos rezagados y los presenta como si fueran novedad en un plan de muy cortos alcances.
Por todo lo anterior, y porque a los contribuyentes coahuilenses les va a costar cada año durante las próximas dos décadas 4 mil 154 millones de pesos pagar una deuda que no saben para qué se contrató, es necesario no quitar el dedo del renglón en lo que toca al destino de los recursos. Recursos que -hay que decirlo cuantas veces sea necesario- pertenecen a los ciudadanos y no a los políticos que los administran.
Si queremos evitar que en el futuro se repitan las conductas irresponsables y corruptas que han lacerado profundamente el patrimonio de nuestra entidad, es necesario comenzar por esclarecer cada punto de este caso. Porque nunca será suficiente por sí sola la sentencia de Juvenal, de que "todo lo que se hace con mal ejemplo desagrada a su mismo autor, y el primer castigo es que ningún malvado es absuelto por su propio juicio (...)". Siempre harán falta quienes pongan en relieve y censuren la iniquidad de los que actúan con alevosía.
La pregunta, pues, es obligada: ¿dónde está el dinero? Y corresponde contestarla no sólo a Javier Villarreal, sino también al exgobernador Humberto Moreira, al gobernador Rubén Moreira, a los encargados de las finanzas estatales, a los diputados locales de la pasada legislatura y de la actual, y a la Auditoría Superior del Estado. Una vez más ¿dónde está el dinero?
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