E L traslado al aeropuerto de Toluca en avioneta privada de 25 millones de pesos enviados por el gobierno priista de Veracruz no tiene explicación. El avión llegó el 27 de enero a Toluca y la Policía detuvo de inmediato a los dos funcionarios veracruzanos que hasta ahí pudieron custodiar los fondos.
Por mucho que las autoridades de Xalapa quieran echarle tierra a este revelador incidente y hayan comprado los medios locales pada acallarlo, el pago anticipado de la mencionada cantidad a un desconocido prestador de servicios en la Ciudad de México contrasta con las dilaciones y las detalladas normas de pago que por ley hay que respetar. Queda claro que la contratación del dudoso servicio se realizó sin licitación formal.
Nadie puede explicar por qué, si era tan urgente remitir el dinero a su destino, se utilizó un vuelo secreto de una avioneta del Gobierno del Estado, en lugar de una instantánea transferencia bancaria. ¿Sería para evadir además el pago del Impuesto a Depósitos en Efectivo, IDE, de 3% equivalente a 750 mil pesos? No, hay, como lo explicó el senador Juan Bueno Torio en su intervención, ninguna ley que impida el traslado físico de dinero, pero es inevitable la pregunta de por qué evadir el conducto bancario. Máxime tratándose de fondos públicos sujetos a principios de transparencia y blindaje contra el lavado de dinero.
Los senadores panistas Bueno Torio y Camarillo, acompañados por legisladores del PRI y del PRD, lograron que la Cámara Alta aprobase antier un Punto de Acuerdo, como materia de obvia y urgente resolución, requiriendo de la SHCP, la PGR y la CNB informes detallados sobre el asunto. Se pide saber de la licitud de la procedencia y el manejo y destino de los fondos incautados, las condiciones en que se devuelven los dineros al gobierno de Veracruz así como las características de la empresa de servicios a la que se le anticipaban 25 millones de pesos. También se pide al Congreso de Veracruz informar sobre la administración de los dineros en ese Estado y si se están respetando las normas aplicables a licitaciones y la adjudicación directa de contratos.
El verdadero destino de los 25 millones sigue oscuro. No hay más que unir los hechos con las campañas electorales para suponer, que dado su costo, queda a la astucia de los partidos arbitrarse lo fondos del caso. Mientras no se presenten pruebas fehacientes de los servicios tan subrepticiamente contratados seguirán las sospechas.
Hubo, sin embargo, una noticia mucho más cimbrante esta semana.
La repentina revelación de que, desde 2009 tres exgobernadores de Tamaulipas, han estado bajo la lupa de una investigación preliminar la PGR abrió una secuencia de efectos que esperamos contribuyan a extirpar las operaciones del crimen organizado que, por lo visto, se va confirmando que era tolerada y hasta permitida en esa Entidad.
El que se estén investigando, aunque sea preliminarmente, a tres exgobernadores, confirma lo que cualquier observador, nacional o extranjero, medianamente enterado, desde hace tiempo señalaba.
Aún incluyendo la posibilidad de que los expedientes de este proceso vuelvan a estar negligentemente integrados por el Ministero Público, como sucedió en el caso del "Michoacanazo" de mediados de 2011, el camino se va abriendo hacia la solución de los contubernios del crimen organizado consentidos, solapados y hasta asociados con las autoridades.
El que tres exgobernadores, casualmente del PRI, estén desde 2009 bajo investigación es una tremenda carga para este partido, más aún en tiempos electorales. El tricolor querrá revertir la acusación implícita calificando la noticia como una mera etapa de la "guerra sucia" y así buscará redimirse. Pero la realidad, es muy simple. La PGR los está investigando y la vox populi está más que de acuerdo.
Así se acumularán a lo largo de este año electoral los episodios de la vida real que nos irá ofreciendo el Partido que dice saber gobernar. ...y aún hay más.
