E L gobernador Rubén Moreira tiene frente a sí dos caminos. Seguir en la ruta del gasto excesivo, opaco e irresponsable y continuar cerrado a la solicitud de rendición cuentas, o dar a conocer los pormenores del gasto público de la pasada y presente administración, a fin de lograr un nuevo trato entre sociedad y gobierno que haga compatible el ejercicio de la autoridad con el goce de la libertad y demás derechos fundamentales de los coahuilenses.
La denuncia de Coparmex y Claridad y Participación Ciudadana de esta semana, expresa que la opacidad se ha convertido en un "sello" del Gobierno del Estado que tiene sumido a Coahuila en "tinieblas financieras".
Por su parte, Información y Participación Ciudadana, hace saber que de doscientas cuarenta solicitudes de información hechas al Congreso de Coahuila, sólo una de ellas, la relativa a la expedición de una copia del manual de organización del propio Congreso fue contestada y aunque suene increíble, en sentido negativo. La actitud del gobierno moreirista lleva a esta última asociación, a la conclusión de que la negativa a informar es "sistemática".
El propio secretario de Finanzas al ser interpelado sobre la aplicación de los recursos recaudados para ser destinados al rubro de seguridad pública, manifiesta ignorancia porque según dicho funcionario, es a la dependencia del ramo a quien corresponde asignar dicho destino. Lo anterior equivale al absurdo de repartir el dinero a los distintos órganos de gobierno, para que sus titulares hagan con él como les venga en gana.
La información sólo se obtiene a base de filtraciones que como lamentos rompen el hermetismo del gobierno, como ocurre en el caso de la Cruz Roja o el cuerpo de Bomberos de Torreón, que denuncian la falta de entrega histórica de los recursos que se hace pagar a los ciudadanos, en el plaqueo de vehículos automotores.
La cerrazón sistemática de que se trata es a la vez causa y efecto de una estrategia de gobierno basada en el control de los resultados de los procesos electorales, gracias a una aplanadora alimentada con recursos públicos ordinarios o provenientes de la megadeuda contraída, que permite al sistema ganar las alecciones a modo de "carro completo" y como consecuencia, le invita a seguir por el camino de la opacidad, en la que bajo el falso supuesto de que se atiende a los más pobres, ni se admite la crítica, ni se responden las solicitudes de información, ni se rinden cuentas.
Desde luego que este sistema y la quiebra económica que conlleva no son sustentables, como lo acredita la caída de su hermano Humberto como dirigente nacional del PRI. Y es que el vertiginoso ascenso, la breve estancia y precipitada caída del exdirigente priista, no es imputable ni a Ernesto Cordero ni a Manlio Fabio Beltrones sino al propio Humberto Moreira, que por sí solo, en virtud del desmedido abuso y la soberbia, colapsó.
Por cierto yerra también Peña Nieto, cuando pide al exsecretario de hacienda y hoy precanidato el PAN en campaña, que se abstenga de opinar de cuestiones que sólo competen al PRI. Se equivoca porque el artículo 41 fracción I de la Constitución General de la República, dispone que los partidos políticos son instituciones públicas y como tales, están regidas por leyes de observancia general y hasta su funcionamiento interno está sometido a los tribunales del Poder Judicial Federal, por lo que resulta indiscutible que los partidos están sujetos al escrutinio y a la crítica de los ciudadanos, sean militantes o no de dichos partidos.
Lo anterior con mayor razón, porque los partidos políticos reciben dinero público para su sostenimiento y en el caso de Humberto Moreira, su caída se debió a un escándalo financiero derivado de la disposición ilícita de recursos federales, que generó una deuda descomunal cuyo destino inexplicado hasta el momento, funda la sospecha de que fue empleado en su ascenso a la dirigencia del PRI, bajo el principio de que el que calla otorga.
De la voluntad de rectificación de Rubén Moreira depende un nuevo trato de su gobierno con la sociedad, que ofrezca claridad y transparencia a los coahuilenses, o continuar en la ruta del gasto excesivo y opaco.
