El ministro José Ramón Cossío de la Suprema Corte de Justicia ha puesto el dedo en la llaga al señalar que la Constitución prohíbe la labor de policía que han estado desempeñando las fuerzas armadas en los últimos años.
Cualquier persona que lea el artículo 129 de la Constitución puede darse cuenta de ello. No hay duda acerca de la intención de los constituyentes cuando prohibieron el uso de las fuerzas armadas para funciones que no tuvieran que ver con la disciplina militar. Por alguna extraña razón, sin embargo, la Corte determinó en 1996 que el artículo 129 no dice lo que dice y ofreció una interpretación que ha permitido al gobierno federal violar de manera sistemática esta disposición constitucional.
El Ejército no buscó asumir las funciones policiales que se le han impuesto. Varios militares de alto rango me han señalado en distintas ocasiones su inconformidad con el uso de soldados como policías y han estado siempre muy conscientes de las consecuencias negativas que esto podía tener tanto para las fuerzas armadas como para el país. Pero el Ejército y la Armada han sido también estrictamente institucionales y han aceptado las instrucciones de su comandante en jefe, el presidente de la república.
Hasta este momento la imagen pública de las fuerzas armadas no parece haber sido afectada. Las encuestas de opinión colocan de manera consistente al Ejército como la institución más admirada del Estado mexicano. El respeto viene de lejos, a pesar del papel que las fuerzas armadas han tenido en la represión del movimiento estudiantil de 1968 o en la guerra sucia de los años setenta. Quizá sea producto del esfuerzo que los soldados realizan constantemente a través de los planes DN-III para apoyar a los mexicanos que sufren las consecuencias de desastres naturales. Puede ser también consecuencia del origen humilde de la mayoría de los efectivos del Ejército.
El trabajo policial, sin embargo, puede minar de manera gradual el respeto a las fuerzas armadas. Son cada vez más numerosos los casos de elementos que cometen crímenes o violaciones graves a los derechos humanos en el desempeño de su responsabilidad. Los mandos medios y superiores, por otra parte, están siendo sometidos a tentaciones que antes no tenían. Los narcotraficantes tienen suficiente dinero como para corromper a cualquiera.
Las falsas acusaciones pueden ser también un lastre pesado. Cuatro generales han sido encarcelados en el penal del Altiplano, entre ellos el exsubsecretario de la Defensa Tomás Ángeles. El peso de la acusación parece endeble ya que se basa en declaraciones de oídas de testigos comprados o beneficiados a cambio de sus testimonios. Pero el simple hecho de que un exsubsecretario de Defensa y otros tres generales estén siendo procesados es un mal signo para las fuerzas armadas de nuestro país.
Los constituyentes tuvieron razón al disponer que ninguna autoridad militar debe en tiempos de paz ejercer más funciones que las que tengan que ver con la disciplina militar. El gobierno mexicano ha decidido violar esta disposición constitucional. Los resultados son negativos desde cualquier punto de vista que se vean. Las principales víctimas son las propias fuerzas armadas.
Pero el asunto no es cuestión de pragmatismo. Si al gobierno no le gusta el artículo 129 de la Constitución que lo modifique, con todos los riesgos que esto implica. Lo que no tiene sentido es perseguir a quienes cometen delitos con un cuerpo que, al actuar de policía, viola la Constitución.
REFORMA SIN ESENCIA
El presidente Calderón promulgó ayer una reforma política que omite lo esencial: la reelección de legisladores. Si no se otorga a los ciudadanos la facultad ratificar o rechazar a diputados y senadores poco incidirá la reforma en un cambio positivo de nuestro país.
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