Hace un par de meses publiqué en este espacio un artículo sobre la opacidad con que nuestro Gobierno maneja sus gastos de publicidad. La razón es obvia: mostrar la contabilidad en la materia demostraría que nuestros funcionarios habitualmente hacen pagos difíciles de justificar en público. Sus pagos por "publicidad oficial" y "comunicación social" incluyen tantos servicios paralelos (pégale a éste, defiende a aquél, proyéctame a mí, no saques este dato, destaca esta nota, etc.) que la contra-prestación resulta mucho más onerosa que lo que valen en el mercado los espacios publicitarios. Ningún funcionario podría transparentar sus cuentas en este rubro sin arriesgarse al escándalo: quien lo haga sería acusado de comprar lo que no debe comprar, o de pagar mucho más de lo que debería pagar.
La opacidad no sorprende. Sin embargo resulta interesante observar los esfuerzos de los funcionarios del gobierno para cumplir con las obligaciones impuestas por la Ley de Acceso a la Información. Antes, sólo apagaban la luz y listo, nadie sabe y nadie supo. Ahora tienen que emplear toda su creatividad para continuar siendo materialmente opacos sin dejar de ser formalmente transparentes.
La ley establece que el Estado y los municipios deben tener publicado, como mínimo, un listado con todos los contratos que hayan celebrado, incluyendo fecha, nombre del proveedor y monto contratado. En teoría, este listado permitiría a cualquier ciudadano conocer cuánto gastan nuestros políticos en televisión, radio, publicidad exterior y periódicos. Sin embargo, ni el Estado ni los municipios cumplen con la ley. Los más transparentes enlistan sus proveedores sin especificar los montos pagados. La mayoría simplemente omite sus contratos de publicidad de las listas que publican, o mantienen deshabilitada la sección de contratos de su portal de transparencia.
Cuando un ciudadano solicita formalmente esta información, lo traen dando vueltas, le entregan información parcial, incomprensible o irrelevante, responden que la información no está en sus archivos, o explican que es imposible procesarla. Las estrategias son múltiples, pero coinciden en intención: contestar lo mínimo necesario para ubicarse dentro de la ley, y hacer tan complicado el proceso que el ciudadano se rinda por cansancio.
Hace dos meses, solicité a los municipios de Piedras Negras, Saltillo y Torreón copia de los contratos de publicidad que celebraron durante los últimos años, y un desglose del monto que pagaron a cada medio de comunicación. Las respuestas confirman la tesis de este artículo.
En Piedras Negras respondieron que esta información es confidencial, "protegida por los secretos comercial, industrial, bancario y fiduciario". Además aclararon que responder a mi solicitud "implica la revisión abrumadora de documentos y expedientes causando un entorpecimiento abrumador de las actividades desarrolladas por esta Dirección".
En Saltillo respondieron que la información consiste en "un alto volumen de documentación (210,000 aproximadamente)" (sic), por lo que "no se está en posibilidad de proporcionarla en la forma solicitada".
De acuerdo con la respuesta, ni el mismo alcalde podría saber cuánto cobró cada medio, pues el desglose "no se genera en los archivos como usted requiere".
Finalmente en Torreón contestaron que "si hay información 2005, 2006 y 2007, y que está disponible en 400 hojas en el Archivo Municipal. Sin embargo, no contestaron nada respecto a los períodos más recientes, incluyendo los años que corresponden a la actual administración municipal.
El ICAI ya recibió un recurso de inconformidad contra estas respuestas, y quizá en dos meses su resolución obligará a los municipios a responder de nuevo. Además, fui contactado informalmente por un funcionario del Ayuntamiento de Torreón, quien amablemente me ofreció gestionar una respuesta más completa.
Sin embargo, lo relevante aquí es destacar que la lucha es cuesta arriba, y que los funcionarios que responden estas solicitudes navegan tan bien el sistema, que el resultado final casi siempre mantiene la opacidad existente. La estrategia parece imbatible, pues los ciudadanos están solos. Tanto el Gobierno como los medios tienen incentivos claros para esconder esta información.
Estoy convencido de que la opacidad con que nuestros gobiernos manejan sus gastos de publicidad representa una de las más graves amenazas a nuestra democracia. Por ello me da mucho gusto que los jóvenes del movimiento 132 hayan subido este tema a la agenda nacional, y que algunos candidatos presidenciales comiencen a responderles con planteamientos concretos. Ojalá algo cambie de verdad. Nuestros funcionarios son demasiado valiosos como para que continúen desperdiciando su tiempo y talento perfeccionando el arte de negar información pública.
Twitter: @oneflores
