Es verdad de Perogrullo que no se puede crear empleo por decreto. Para alcanzar cualquier meta de puestos laborales es necesario siempre considerar factores externos e internos. El entorno económico internacional, la confianza de los inversionistas, la competitividad, la seguridad jurídica y pública, el nivel de corrupción, la claridad en la vocación económica y la proyección adecuada de planes a mediano y largo plazo, son elementos que cualquier gobierno debe considerar a la hora de plantear la generación de empleo como objetivo.
El ejemplo más claro de esto es el sexenio que está por concluir. Cuando estaba en campaña, el presidente Felipe Calderón Hinojosa prometió crear 800 mil empleos al año, es decir, 4 millones 800 mil en toda su administración. De acuerdo a las cifras dadas a conocer por el propio mandatario la semana pasada, del primero de diciembre de 2006 al 31 de octubre de 2012 se crearon en el país 2 millones 170 mil 995 nuevos empleos. Con todo y que el panista presume que el suyo ha sido el segundo sexenio de mayor creación de puestos de trabajo, esta cifra no llega ni a la mitad de lo que prometió.
Para los analistas económicos, las causas de esta promesa incumplida son múltiples: la crisis económica mundial iniciada en 2008, que inhibió el crecimiento económico; la pandemia de influenza AH1N1, que generó cuantiosas pérdidas a la economía nacional; el crecimiento de la violencia y la inseguridad, y la permanencia de la corrupción en los tres niveles de gobierno, principalmente.
Pero además de los empleos que se dejaron de crear hay que considerar los que se perdieron por los fenómenos arriba citados. Sólo entre 2008 y 2009 se calcula que el país perdió alrededor de un millón de puestos de trabajo. A la necesidad “natural” de creación de empleos, que las propias autoridades federales estiman en un millón cada año, hay que sumar la recuperación de los perdidos. Si tomamos sólo como referencia el dato de la demanda anual de puestos laborales, podemos deducir que este sexenio dejará un déficit de poco menos de ¡4 millones de empleos! Vaya reto que enfrenta el próximo gobierno federal.
A lo anterior hay que agregar el fenómeno de la informalidad, la cual si bien ayuda a mitigar el impacto de la insuficiencia en la creación de empleos, representa una merma en lo que a recaudación de impuestos se refiere. En este rubro también hay derroteros. Según el Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP), el empleo informal pasó de 26.6% del total de personas ocupadas al inicio de la administración, a 29.3% en el segundo trimestre de 2012.
Frente a este panorama, la administración federal volvió a incurrir en el error de la promesa fácil del “empleo automático” al hablar de las bondades de la reforma laboral que se discute en el Congreso de la Unión. Cuando se presentó la iniciativa, se dijo que, en caso de aprobarse, generaría 450 mil empleos el próximo año, como si una ley fuera lo único que se necesitara para alcanzar un objetivo tan ambicioso.
Pero más allá del reto numérico, hay dos elementos más que la administración del priista Enrique Peña Nieto deberá valorar: uno es el de la calidad del empleo -cada vez se compra menos con el salario- y el otro, la homogeneización del crecimiento de las regiones. Sobre este último punto, vale un ejemplo: el Gobierno de Coahuila presume la creación de más de 38 mil empleos en lo que va del año, cifra sin duda alentadora; no obstante, únicamente el 25% son en Torreón, mientras que el 44% son en Saltillo, o sea, casi la mitad.
Más que aventuradas proyecciones, la situación actual del empleo en México demanda políticas integrales y estrategias con más amplios horizontes. No sólo se trata de crear los puestos de trabajo que requiere el país, es necesario también pensar en la calidad y la ubicación de los mismos. Porque en el fondo de lo que se trata es de combatir la desigualdad regional y social.
