E L pasado miércoles 11 de enero, la Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión (Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia) exhortó al IFE a permitir que la ciudadanía ejerciera su voto, en las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio, con la credencial cuyo último recuadro para votación en las elecciones federales es el "03".
El argumento de la comisión es "el asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones", ya que de acuerdo a la declaración del diputado priista y presidente de la comisión, César Augusto Santiago, 5.4 millones de ciudadanos todavía cuentan con la credencial "03" y no podrán emitir su voto. De acuerdo a declaraciones de Víctor Guerra, director del Registro Federal de Electores, el número es de aproximadamente 2 millones de mexicanos que todavía no cambian dicha credencial.
Lo cierto es que los ciudadanos residentes en el territorio nacional y vivos no cumplieron con su obligación de actualizar su credencial para votar con fotografía, a pesar de que desde el 6 de julio del 2009 (al día siguiente de las elecciones intermedias) el IFE empezó la campaña en dicho sentido; y que a partir de enero del 2011 ni siquiera era aceptada como identificación oficial en los bancos.
La vigencia de 10 años de la credencial para votar con fotografía no es un mero capricho o una decisión arbitraria, es producto de dos necesidades que convergen: la duración física de los plásticos y la necesidad de recurrir a esta vía para actualizar el padrón electoral.
La primera es la menos importante, pues la realidad los obligaría a cambiarla, es decir, en el momento en que el plástico mostrara daños importantes el ciudadano tendría que acudir irremediablemente a reponerla.
La segunda es más importante, ya que el grado de desactualización del padrón electoral es creciente fundamentalmente por dos razones: una, los fallecidos que por no corresponder algún dato de su acta de defunción con los de su registro en el IFE, no pueden ser dados de baja; y dos, los emigrantes permanentes al extranjero, principalmente Estados Unidos.
Aunque fue imposible consultar en la página del IFE la Verificación Nacional Muestral practicada en el 2009, al revisar las del 2003 y el 2006, fue posible establecer que mientras en la primera el porcentaje de ciudadanos registrados en el padrón ya fallecidos era de 1%, en la segunda subió a 1.4, a esa tasa de crecimiento el porcentaje hoy debe ser ligeramente superior al 2%, lo cual equivale a que en las listas nominales con fotografía que se van a utilizar el primer domingo de julio habría más de 1 millón 700 mil ciudadanos ya fallecidos.
El porcentaje de ciudadanos inscritos en el padrón que migraron a otro país es más alto: en el 2003 fue de 2.4% y en el 2006 de 3.7, si se mantuvo la misma tasa de crecimiento hoy deben ser poco más del 6%, lo que equivale a más de 4 millones y medio de votantes.
Hay dos maneras de eliminar a los muertos y a los emigrantes del padrón: realizando uno totalmente nuevo, partiendo de un nuevo censo general, lo cual resultaría muy costoso; o bien, colocándole fecha de caducidad a la credencial, de tal manera que se requiera la presencia del ciudadano en los módulos para renovarlas, lo cual dará por resultado que los muertos y los emigrantes no podrán hacerlo.
Su presencia en las listas nominales puede no tener ningún efecto real en el resultado de la elección, ya que para que pudiera afectar se requeriría que alguno (o algunos) de los integrantes de la mesa directiva de casilla se percatara de su presencia en la lista nominal y aprovechara de ello para introducir un voto por el partido político de su preferencia, burlando la vigilancia del resto de los integrantes de la misma, lo cual no es nada sencillo.
Sin embargo, sí tiene dos impactos muy perniciosos: uno, para la organización del proceso electoral, ya que casi uno de cada diez ciudadanos insaculados para ser integrantes de las mesas directivas de casilla no son localizados, por estas razones; y dos, genera desconfianza entre los electores que piensan que su impacto, particularmente en una elección cerrada, puede ser determinante en el resultado electoral.
Por ello fue importante que en la reforma electoral del 2007, en el párrafo 4 del artículo 200 del Cofipe, estableciera la vigencia de la credencial de 10 años. Y que en el artículo Octavo transitorio, precisará: "Para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo 4º del artículo 200 de este Código, las credenciales para votar que tengan como último recuadro el "03" para el marcaje del año de la elección federal, podrán ser utilizadas por sus titulares para ejercer el derecho de voto hasta la elección del año 2009. A partir del día siguiente a la celebración de la jornada electoral respectiva, los ciudadanos en este supuesto, deberán acudir al módulo de atención ciudadana con la finalidad de actualizar sus datos en el Padrón Electoral."
Así el IFE, como bien señalaron los consejeros electorales Macarita Elizondo y Marco Antonio Baños, no tiene alternativa, simplemente cumplir la ley. Si los legisladores hubieran querido darle oportunidad de votar a éstos 5.4 millones de ciudadanos a los que aluden, debieron haber reformado dicha disposición antes del último día de junio del año pasado. Afortunadamente ellos perdieron su oportunidad y hoy el IFE no puede hacer nada al respecto.
