El gasto público del Gobierno Federal ha crecido considerablemente en este siglo. Se elevó de 19.8 por ciento como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) en 2001 al 25.6 por ciento del PIB en 2011.
La mayor parte de esa alza ocurrió en la administración de Felipe Calderón, quien contribuyó con 3.9 de esos 5.8 puntos porcentuales adicionales, al gastarse todos los ingresos extraordinarios de petróleo, así como el fondo de estabilización petrolero.
Este comportamiento es, desde el punto de vista económico, muy irresponsable. Otros países, particularmente Noruega y Chile, guardan la mayoría de sus ingresos extraordinarios por la venta de crudo y cobre respectivamente, en un fondo de estabilización.
En México nunca lo hicimos en las dimensiones de esos países, pero por lo menos algo creció entre 2002 y 2008. Lamentablemente, el gobierno de Calderón, que en sus primeros años aumentó el saldo de ese fondo, en los siguientes se dedicó a acabar con él.
En efecto, no sólo se gastó todos los ingresos extraordinarios del petróleo, que han sido a la fecha más de 170 mil millones de dólares (mmd) adicionales a los que recibió la administración de Zedillo en igual lapso, sino que redujo el saldo del fondo estabilización de un máximo de 6.2 mmd en 2008 a magros 789.9 millones en diciembre del año pasado.
El apetito de Calderón por más gasto lo llevó también a elevar las tasas impositivas y aplicar un bodrio tributario como el Impuesto Empresarial a Tasa Única, lo que en conjunto con el gasto financiado con ingresos petroleros deja un legado de gasto corriente improductivo muy pesado para el futuro, en especial si caen nuestros ingresos petroleros.
El gran problema es que todo ese gasto adicional no se tradujo en una evolución más dinámica de nuestra economía. Esto no debe extrañarnos, puesto que la evidencia histórica muestra que poco o nada estimula el crecimiento y, al restarle recursos al sector privado, bien pudiera estar disminuyéndolo. Ese, considero, ha sido el caso en esta administración.
El ingreso real de la población sólo puede crecer si hay un aumento en la productividad. El alza del gasto público desde el comienzo de este siglo, pero en particular durante la presente administración, no ha contribuido a elevar la productividad, por lo que no debe extrañarnos el anémico crecimiento de la economía.
Esto no quiere decir que el gasto público es irrelevante para nuestro éxito económico. Por el contrario, tiene un papel crucial en crear las condiciones propicias para el crecimiento, entre las que destacan la inversión en infraestructura, el gasto en educación y seguridad social, así como garantizar el estado de derecho y la seguridad.
El gasto social, sin embargo, no significa que el gobierno además de financiarlo deba proveerlo. El camino elegido por nuestro gobierno se ha traducido en mala calidad educativa y de servicios médicos, con sus efectos negativos sobre la productividad y el potencial de crecimiento de la economía.
Es mejor que el gobierno no sea proveedor de estos servicios, pues ha creado serios problemas, como son escuelas en pésimas condiciones, presiones y corruptelas del sindicato de maestros, malos servicios médicos y un lastre enorme asociado a las pensiones de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social.
El primer problema con creer que el gasto público estimula el crecimiento económico es que la mayoría no voltea a ver sus costos. Los impuestos tienen un costo para cobrarlos. En México no hay estimaciones precisas de esos costos, pero seguramente son mayores a los incurridos en EU, que se estima ascienden a 65 centavos por cada dólar de impuestos recaudados.
Estos costos incluyen la pérdida del excedente social por poner impuestos; los costos pecuniarios y en tiempo perdido en que incurren los contribuyentes para cumplir con las leyes tributarias y las distintas labores de fiscalización de las autoridades; los costos en los que incurren los contribuyentes para reducir o eludir los impuestos; así como los costos para sostener las actividades del SAT y otras entidades gubernamentales dedicadas a administrar y vigilar el cumplimiento de las leyes fiscales.
Frederic Bastiat definió hace más de 150 años al Gobierno como el esfuerzo que todos hacemos para vivir de los demás. Esto crea, por tanto, un costo adicional que consiste en la búsqueda de rentas, esto es, esfuerzos socialmente inútiles para beneficiarse del erario a costa de otros, mediante acciones que influencian las decisiones políticas.
El gasto público, por tanto, es un lastre para la economía porque reduce la productividad económica. No obstante, este gobierno llevó ese lastre a un nivel récord que, seguramente, traerá mayores problemas en el futuro.
Regreso a esta columna en la semana de Pascua.
