El precio de la gasolina provoca en México discusiones que defienden o atacan la política respectiva del Gobierno federal, administrador de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) que, por disposición constitucional, es la única que produce y distribuye combustible en el país.
Son muchas las ocasiones que las autoridades argumentan y algunos columnistas repiten que hay un rezago del precio interno respecto a uno de referencia que corresponde, en general, al precio en los Estados Unidos (EU).
En contraste, muchos piensan que por ser nuestro país, todavía, un importante productor de petróleo crudo, materia prima de la gasolina, el precio de ésta debería ser más bajo que, por ejemplo, en EU que es importador neto del hidrocarburo.
Algunos consideran, además, que ofrecer combustibles baratos es una forma de materializar en los bolsillos de los ciudadanos el hecho que nuestra Constitución establece que el petróleo y demás recursos del subsuelo son propiedad de la nación.
Lo cierto es que entre 2004 y 2012, los dos tipos de gasolina consumidos en el país, Extra (bajo octanaje) y Premium (alto octanaje), registraron alzas sostenidas en sus precios que, salvo en 2008, superaron a la inflación general.
La explicación oficial es que el precio internacional del combustible presenta una tendencia creciente y, a pesar de las alzas internas, el precio interno sigue estando abajo del precio de referencia y el subsidio correspondiente presiona las finanzas públicas.
La realidad, sin embargo, es algo más complicada de cómo la presentan las autoridades.
Por ejemplo, una recopilación del servicio informativo Bloomberg, publicada recientemente con datos a julio de este año para 60 países muestra que los precios de la gasolina Premium se situaban entre los 10.12 dólares por galón (dg) en Noruega y los 0.09 dg en Venezuela, con un promedio simple de 5.90 dg.
México aparece en el lugar 52, con 3.24 dg, poco más de la mitad del precio promedio de la muestra e inferior a los 3.75 dg en EU, ubicado en el lugar 49. Esto, en principio, pareciera avalar la política oficial de tender, por lo menos, a igualar el nuestro con el de EU.
Lo que no aparece en los argumentos de nuestras autoridades es que el precio de la gasolina no difiere considerablemente en los distintos países por los costos de producción o por el hecho de ser exportador o importador de petróleo, sino por los impuestos que cargan los gobiernos.
Cálculos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) indican que casi la mitad del precio al consumidor de la gasolina en los principales países desarrollados son impuestos. En algunos llegan a ser hasta el 70 por ciento del precio al consumidor final.
Estos tienen varios objetivos, desde los obviamente recaudatorios, por la facilidad de su cobro, hasta los relacionados con disminuir la contaminación, ahorrar energía y reducir el tráfico de vehículos, así como la necesidad de distribuir de manera intergeneracional los beneficios de la riqueza petrolera.
En EU existe un impuesto federal al consumo de gasolina, así como impuestos estatales y locales, lo que explica las diferencias de precios dentro de ese país. En fechas recientes estos gravámenes representan alrededor del 15 por ciento del precio que pagan los consumidores.
En México, en cambio, no es posible desglosar claramente los costos de producción y los impuestos, así como tampoco se conocen, si existen, los objetivos ecológicos o intergeneracionales asociados a los impuestos a la gasolina.
La realidad es que nuestras autoridades han administrado históricamente el precio interno de la gasolina en función de objetivos de muy corto plazo. En alguna época siguió criterios políticos populistas al congelarlo para tratar de ganarse la buena voluntad de los ciudadanos, mientras que más recientemente se ha convertido en un importante mecanismo de financiamiento del creciente gasto público.
El problema de fondo es que el gobierno tiene el monopolio de PEMEX, que administra con criterios muy alejados de la eficiencia y la rentabilidad empresarial. Lo drena de recursos decidiendo qué tanto del precio de la gasolina va a la paraestatal y qué tanto a impuestos y otros cargos, sin al mismo tiempo preocuparse por una política energética clara que permita alcanzar objetivos de largo plazo.
En consecuencia, las nuevas autoridades a cargo de los Poderes Legislativo y Ejecutivo tienen la oportunidad de cambiar esta situación y modernizar el sector energético de nuestro país, no sólo abriendo esa actividad a la inversión de los particulares, sino también definiendo claramente la política que aplicarán respecto a los precios de la gasolina y otros energéticos, así como los objetivos sociales de largo plazo asociados a ella.
