Según las cifras registradas por algunos medios (y difundidas por Salvador Camarena en W Radio el 10 de enero) solamente en los primeros nueve días del año se habían cometido ya 75 asesinatos en la guerra contra (y entre) el crimen organizado del país. Sin embargo, esas cifras no son oficiales y no lo serán por mucho tiempo, pues los datos confirmados del gobierno "están en construcción" -tal como lo dijo Óscar Vega, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a Ciro Gómez Leyva-. Podría ser que entre enero y noviembre de 2011 hayan sido asesinadas 20 mil 597 personas como secuela de la guerra incivil de México, pero el caso es que mientras se "clasifica la información", seguimos sin saber a ciencia cierta la magnitud de la tragedia.
Gracias al periodismo de investigación de Daniel Lizárraga -y de algunos de sus compañeros de Animal Político, el portal de información e investigación- supimos apenas al comenzar el año la intención de algunos burócratas de ocultar por siempre las cifras de esta guerra. Según Lizárraga, la PGR ya había decidido clasificar esa información como confidencial y ya había negado el acceso a esos datos -el 6 de diciembre pasado-, hasta que la propia publicidad del hecho y la venturosa intervención del IFAI modificaron esa decisión. Sin embargo, las cifras oficiales siguen en el limbo de archivos y pasillos burocráticos. E incluso es probable -siguiendo la información reportada por Lizárraga- que el IFAI sesione hoy para promover sanciones contra los funcionarios que han decidido ocultar el sol con el dedo de su autoridad prestada.
Pero nada de esto es nuevo. Desde que comenzó la ofensiva del gobierno contra el narcotráfico, el manejo de información ha sido errático y oscuro. Bajo el argumento de la seguridad nacional, las dependencias públicas que han encabezado la gravísima tarea de enfrentar a las mafias han sido incapaces de producir herramientas y medios suficientes para informar con oportunidad y veracidad sobre la evolución exacta de la guerra. En todo caso, han preferido construir argumentos para negar las interpretaciones que contradicen su estrategia y elaborar estadísticas a modo -como con el debate público entre Eduardo Guerrero y Alejandro Poiré- que darse a la tarea de generar y usar la información al servicio de su causa: la que sea y como venga.
No obstante, hay un sector muy influyente del gabinete de seguridad de Felipe Calderón que no ha logrado comprender que toda la información pública que pretende esconderse acaba produciendo un saldo inexorable de sospecha y desconfianza. Lo que se oculta en los cajones de los escritorios burocráticos acaba (casi) siempre descubierto, o al menos parcialmente revelado, por las luces de la investigación. Y si no es así, el espacio queda entonces disponible para las conjeturas y la especulación: si los órganos de Estado se niegan a informar por temor o por desprecio, la prensa y la academia lo hacen por su lado y con los medios a su alcance, hasta producir verdades que ya no pueden disputarse.
Si hoy muchos compartimos la impresión de que el Estado ha fracasado en la lucha contra los criminales -más allá de la plausibilidad de haberlos enfrentado-, es porque nos hemos venido enterando por fuera y por retazos de las evoluciones de esta guerra que, desde un principio, debió incorporar la información pública como una de sus mejores armas de lucha y legitimación. En cambio, hemos sabido de la existencia de los muy abundantes recursos públicos destinados a la seguridad, escondidos entre los pliegues de los presupuestos, o del número de bajas del Ejército y las policías, o de la ineficacia de los gobiernos estatales y municipales, o de las cifras estimadas de la gente asesinada como consecuencia de esta guerra, atando cabos sueltos y juntando piezas, gracias a la valentía y al valor civil de algunos periodistas y académicos que han asumido esa labor que debió ser del Estado. Y desde luego, es cierto lo que desde hace tres siglos escribió Kant: cuando alguien oculta algo que debió saberse, es porque seguramente esconde una injusticia.
Supongo que ya es demasiado tarde para corregir ese error estratégico del gobierno del presidente Calderón -y más aun en medio del proceso electoral-. Pero no lo es para cobrar conciencia de que, tras el cambio de sexenio, hay que abrir la información para convertirla en una herramienta principal en la reconstrucción de nuestra paz perdida.
Profesor e investigador del CIDE
