El uso partidista de la Procuraduría General de la República por parte de los gobiernos panistas, se convirtió en el mejor aliado del PRI, sus ex gobernadores y su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto. Como en el popular cuento del lobo, son tantas las ocasiones que la PGR ha utilizado sus facultades constitucionales y legales para obtener dividendos electorales que hoy, cuando hay indicios de que sus acusaciones pueden ser sólidas, ya nadie les cree.
El recuento de las intervenciones electorales de la PGR inicia en abril del 2005, con la solicitud de desafuero del entonces Jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador; continúa poco más de un año después, en junio del 2006, con acusaciones contra el entonces candidato priista al gobierno de Jalisco, Arturo Zamora Jiménez; reaparece en mayo de 2009, con el inicio de una averiguación previa contra el precandidato petista a la gubernatura de Zacatecas, Cándido Monreal Ávila; unos días después, el 26 de mayo, la PGR detiene a 35 funcionarios públicos michoacanos; y, un año después, el 25 de mayo de 2010, detiene en el aeropuerto de Cancún, al entonces candidato a gobernador de Quintana Roo por el PRD, Gregorio Sánchez Martínez.
En todos los casos la PGR obtuvo fallos jurídicos adversos a sus causas. En el caso de AMLO, tras el desafuero nunca pudieron detenerlo y, finalmente, dicho fracaso llevó a la salida del entonces procurador, Rafael Macedo de la Concha, y el reconocimiento del descalabro por parte del entonces presidente, Vicente Fox. En el de Zamora, las dos acciones delictivas en las que lo involucraban: vínculos con el narcotráfico (incluso con acusaciones desde la DEA) y de fraude en contra del IMSS, se desvanecieron. El de los hermanos Monreal (también involucraban a David, otro hermano de Cándido y Ricardo, este último ex gobernador de Zacatecas y actual coordinador de la campaña presidencial de AMLO) nunca fue más allá; en el llamado michoacanazo, después de varios años en prisión y en diversos momentos, todos fueron exonerados y liberados por el Poder Judicial, el último dejó la cárcel en abril del 2011. Mientras tanto, Greg Sánchez obtuvo un fallo absolutorio en julio del 2011.
Sin embargo, el PAN sí ha obtenido beneficios electorales, en casi todos los casos. En el de AMLO, de acuerdo a la declaración de Vicente Fox, en febrero de 2007, en una visita al vecino país del norte, declaró "tuve que retirarme y perdí, pero 18 meses después me desquité cuando ganó mi candidato" y parte de los argumentos que se sembraron en abril del 2005, fueron los mismos que se utilizaron en la campaña en contra del candidato de la Coalición por el Bien de Todos.
En el caso de Zamora, el triunfo del candidato blanquiazul al gobierno de Jalisco, su actual gobernador, Emilio González, fue contundente. En los otros casos, el PAN no cosechó directamente, pues el ganador en los siguientes procesos electorales fue el PRI, pero sí logró restarle fuerza al PRD, que perdió las gubernaturas de Zacatecas y Michoacán. En Quintana Roo, básicamente fue cerrarle el paso a un muy fuerte candidato perredista.
Pero no únicamente los antecedentes de la PGR debilitan las acusaciones de vínculos con el narcotráfico en contra de tres ex gobernadores tamaulipecos, también sus acusadores, pues nuevamente recurren a José Salvador Puga Quintanilla, El Pitufo, que ya fue "testigo colaborador" en el michoacanazo y en la averiguación previa contra Greg Sánchez.
Y, las filtraciones de la DEA tampoco resultan muy creíbles, pues son muchos los ex gobernadores o políticos que han sido involucrados en diversos momentos, a través de distintos documentos de dicha dependencia norteamericana, sin que finalmente se logre concretar alguna acción judicial efectiva. Entre otros, está el mismo Zamora, ya comentado en líneas previas, y el ex gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones.
Con todos estos antecedentes, hoy los priistas decidieron adelantarse a cada uno de los posibles golpes de la PGR y, hasta el momento, parece que les está resultando positivo. Su primer movimiento fue en el caso del ex presidente del CEN tricolor, Humberto Moreira, por el caso del excesivo endeudamiento y la falsificación de documentos e información para ello; para evitar un mayor desgaste, primero iniciaron una acción a través de la procuraduría estatal y luego sacaron a Moreira de los reflectores.
En el segundo caso: las acusaciones contra los tres ex gobernadores priistas de Tamaulipas, habría que ubicar primero si fueron ellos mismos (los tricolores) los responsables de la filtración de la supuesta alerta para evitar su salida del país, pues sin duda se convirtió (al menos hasta el momento) en su mejor vacuna. A partir de ese momento los priistas se han proclamado las víctimas de la persecución de la PGR; el viernes, Peña Nieto, incluso se quejó de que el gobierno había iniciado una campaña de desprestigio en contra del PRI en Estados Unidos. El sábado respondió el presidente del CEN blanquiazul, Gustavo Madero, señalando que es una forma de protegerse, lo cual es totalmente cierto, sin embargo, los priistas tienen a su favor los antecedentes mediatos e inmediatos.
Hoy, nadie puede pensar que se pudo llegar a los actuales niveles de descomposición en Tamaulipas, sin que los ex gobernadores se percataran de ello, pero también resulta sospechoso que sea precisamente en estos momentos cuando la PGR decide investigarlos. Lamentablemente para la justicia y la democracia mexicana, los antecedentes operan a favor de los ex gobernadores, el PRI y Peña Nieto, aunque los impactos en las preferencias electorales todavía están en suspenso.