En los recientes comicios federales, en cuanto a la elección presidencial Peña Nieto obtuvo un 38% del voto de los coahuilenses, en tanto que Josefina Vázquez Mota captó un 36% de los electores, quedando López Obrador en un tercer lugar con el 20% de los votos.
En cuanto al Congreso de la Unión, el PAN se llevó por mayoría los dos escaños al Senado de la República y tres de cuatro posiciones en el Cámara de Diputados, que corresponden a los distritos con cabecera en las principales ciudades del Estado: Saltillo, Torreón y Monclova.
Pese a lo anterior, en conferencia de prensa del viernes pasado la dirigencia estatal del PRI reunida en Saltillo, manifiesta que Coahuila es un estado cien por ciento priista, lo que más allá de la retórica post electoral, corresponde a un lamentable desprecio del sesenta y dos por ciento de sus gobernados.
En efecto, para Rubén Moreira y su PRI, la megadeuda fraudulenta que hipoteca el futuro de los coahuilenses no existe; las obras están a la vista; la falta de infraestructura industrial que impide el desarrollo y frena la creación de empleos no es tal; los servicios públicos incluido el alumbrado urbano de Torreón no son cosa prioritaria; la seguridad es responsabilidad del Gobierno Federal; el saqueo de los fondos de pensiones de empleados estatales y municipales es tema de gasto corriente, etcétera.
Frente a un gobierno que ejerce el poder sin transparencia ni contrapesos y la pasa viéndose el ombligo sin escuchar los reclamos de la realidad, la solución no vendrá del interior del grupo en el poder. Una familia se ha apropiado de la franquicia del PRI en Coahuila, y al interior de ese partido han desaparecido o son prisioneros los cuadros partidistas históricos que de acuerdo a las prácticas estatutarias o de facto de dicha organización política (dedazo o competencia), participaban en cada región del estado.
El asunto de la megadeuda que se renueva en el pago de intereses mes a mes, es tema inevitable y dominante. En la pasada legislatura el total de los diputados priistas reconoció la deuda fraudulenta, con lo que con plena conciencia se hicieron cómplices de su origen ilícito. El tema se convirtió en bandera de campaña de la oposición y causa del descalabro priista el pasado dos de julio, de manera especial en el caso de Enrique Martínez Morales, representante de la tercera generación de un grupo político otrora importante en Coahuila, que como diputado votó legitimando la deuda, y hoy es arrastrado por lavar los trapos sucios del PRI de Moreira.
En una declaración increíble, el nuevo Presidente Estatal del PRI asegura que pese a que Martínez Morales perdió la elección a diputado federal por el distrito VII con cabecera en Saltillo, es el ganador porque la verdadera intención de los electores era la de votar por dicho candidato.
El caso de Martínez Morales no es el único. Debido a presiones del PRI nacional que no le dejaron alternativa, Moreira admitió como candidatos a cuadros de dinastías priistas ancestrales que son ajenos a su primer círculo (Enrique Martínez, Braulio Fernández, Norma González), pero los colocó en las posiciones de más alto riesgo de perder la elección y de esta manera, echa sobre las espaldas de otros las consecuencias del repudio, al tiempo que va purgando al PRI de toda competencia interna que le haga sombra y todo ello, en base a los mismos males generados por el mal desempeño moreirista.
Otro efecto marginal del descalabro es la destitución de Salvador Hernández Vélez como líder estatal del PRI, que cual chivo expiatorio del sistema es sacrificado en aras de la infalibilidad que se atribuye el gobernador en turno, en el sistema priista moreirista.
Los coahuilenses estamos en manos de un mal gobierno, que es lastre para la sociedad y freno para la planta productiva. El año entrante vienen las elecciones en la que habremos de renovar a nuestras autoridades municipales, y toca a los ciudadanos decidir si seguimos anclados en el régimen feudal de los Moreira u optamos por un cambio que nos ponga de proa al futuro.
