La francesa acusada de secuestro, Florence Cassez, vio frustrada su ilusión de volar a París. Si bien reconocieron cuatro de cinco ministros de la Primera Sala de la SCJN violaciones a los derechos de ella, sólo dos se pronunciaron por liberarla y su caso pudiera regresar al Séptimo Tribunal Colegiado Penal para un nuevo proceso.
Es posible, igualmente, que el expediente sea turnado a otro ministro de esa sala, pero no a Arturo Zaldívar, quien fue derrotado en su proyecto de poner libre a la mujer sentenciada a 60 años de prisión.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo expresó el criterio toral: las violaciones advertidas en el proceso, en primer término el montaje televisivo para exhibir a la secuestradora, no generan el efecto corruptor con todas las personas que intervinieron en este litigio.
Pardo Rebolledo señaló castigo para quienes armaron el montaje televisivo, cargado de falsedades contra Cassez. Y la ministra Olga Sánchez Cordero cuestionó que la acusada no hubiese recibido asistencia consular de su país, pero ignoró la película difamatoria.
En pleno escándalo, el presidente Calderón pasó por alto el respeto que en su calidad de titular del Ejecutivo debe guardar al Poder Judicial. Exigió la justicia ignorada en su gobierno e incluso intentó dictar criterios a la Suprema Corte de Justicia sobre cómo debe actuar. El presidente de esta institución, Juan Silva Meza, exigió acatar la Constitución y, sobre todo, respetar la división de poderes.
Así atestigua la nación que Calderón puso en entredicho a su régimen por defender al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, autor del montaje televisivo en agravio de la francesa y su pareja.
El primer mandatario preguntó qué implica la justicia. Y al responderse a sí mismo, manifestó: “es la obligación elemental de que quien cometa un delito sea verdaderamente juzgado, castigado y nunca la interpretación de la ley sea rendija por donde escape, nuevamente, la impunidad, sino un verdadero instrumento del juzgador para hacer justicia”.
La justicia luce rendijas desde siempre, pero muchas más en la era blanquiazul ante la abrumadora impunidad de ilícitos. Ahí están los más de 50 mil asesinatos relacionados con el narcotráfico y sólo unos cuantos criminales han caído.
¿POR QUÉ HASTA HOY, cuando quedan ocho y medio meses de este régimen, el Ejecutivo se ocupa de la impunidad? A su juicio “es el estímulo más poderoso, el incentivo más destructivo e interminable que hace que el delincuente, que observa que se puede delinquir sin que al final pase nada, vuelva a cometer acciones delictivas y las multiplique”. Vaya sintaxis.
En tono de reclamo, el Presidente exigió justicia para las víctimas de delitos, “justicia para una sociedad agraviada y humillada por la impunidad que prevalece en el país, precisamente porque no se cumplen los fines del Derecho”.
Hoy asombra a Calderón esa lacra, cuando diversas instituciones internacionales denuncian a México por los impresionantes índices de impunidad, la cual alcanza al titular de Seguridad Pública por la protección que recibe en el asunto Cassez.
Del titular de la SSP escribió la directora de Siempre!, Beatriz Pagés, el domingo pasado: “Genaro García Luna está al servicio de García Luna y, en segunda instancia, de Felipe Calderón. No del presidente de México. La protección, el resguardo, la inmunidad que recibe es evidente”.
¿A quiénes se va a castigar, como lo propuso el ministro Jorge Emilio Pardo Rebolledo?
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