México no ha logrado deshacerse del lastre de la corrupción a pesar de todas las leyes promulgadas, los castigos anunciados, los discursos pronunciados y las intenciones expresadas. No importan los recursos que se apliquen o las instituciones que se creen, la corrupción parece estar adherida al sistema político. La opinión pública en su conjunto se vuelca mordaz sobre el caso en boga tratando de indagar las causas y medir las consecuencias… hasta que surge otro que lo sustituye. Pero en ese devenir, pocos culpables caen y escasos castigos se imponen. Y si algo nos dejó la alternancia de 2000, es la comprobación de que la corrupción no es exclusiva de un partido.
En los últimos meses, hemos conocido escándalos que harían palidecer al mismo Suetonio, cronista de los excesos de los césares. En el ámbito nacional nos hemos enterado de que una empresa de mantenimiento de aeronaves, Bizjet, pagó sobornos a miembros del Estado Mayor presidencial, de la Policía Federal y de los gobiernos de Sinaloa y Sonora para obtener contratos entre 2004 y 2009 por 20 millones de dólares. Que la principal cadena mundial de tiendas de autoservicio, Wal Mart, pagó más de 24 millones de dólares de sobornos a autoridades mexicanas estatales y municipales entre 2003 y 2005 para abrir sucursales en "cada rincón del país". Que uno de los cinco bancos más grandes del mundo, HSBC, "lavó" en México hasta siete mil millones de dólares del narcotráfico entre 2007 y 2008. Que la "Estela de Luz", ese atroz símbolo del calderonato, terminó costando tres veces más de lo presupuestado y que al menos 375 millones de pesos no están justificados.
El Coahuila de los Moreira es hoy ejemplo de irresponsabilidad y corrupción con una deuda de más de 36 mil millones de pesos, contratada en parte con documentos falsos, y de la cual hasta hoy no han sido justificados 18 mil millones de pesos. Pero también estas tierras han hecho su aportación a los anales de las aberraciones del sistema penitenciario mexicano. En julio de 2010 se dio a conocer que fueron reos del penal de Gómez Palacio quienes perpetraron las matanzas en dos bares y una quinta de Torreón; luego de los atentados, los delincuentes regresaron tranquilamente al Cereso. La semana pasada se registró en el reclusorio de Piedras Negras la segunda mayor fuga de internos en los últimos seis años; los reclusos salieron por la puerta sin problema alguno.
También en el nivel más cercano a los ciudadanos, el municipal, existen casos no menos escandalosos. En febrero se reveló que dentro de la oficina de Catastro en Torreón operaba una red de corrupción para alterar los valores de inmuebles con el fin de que los dueños pagaran menos impuesto predial. La semana pasada se confirmó lo que era un secreto a voces: que el robo de cable y equipo de alumbrado público en Torreón es perpetrado por empleados municipales, cuatro de los cuales están siendo investigados. Y en Matamoros, se desconoce aún el destino real de un crédito por 53 millones de pesos solicitado por el ayuntamiento en 2009.
Estos casos mencionados son sólo algunos. El catálogo de los actos de corrupción en México es vasto. Desde la "mordida" a los agentes de Tránsito, hasta el pago de comisiones a funcionarios por contratos de obra pública. Desde el coyotaje en las oficinas gubernamentales hasta la complicidad de policías y comandantes con grupos delincuenciales. Desde el "moche" para abrir un negocio, hasta el beneficio de compadres y amigos con concesiones millonarias. Desde la compra de calificaciones en las aulas hasta las prebendas de los liderazgos sindicales. Desde la compra de votos hasta el uso discrecional de dinero público por partidos. No debe extrañarnos, pues, que México esté considerado el país más corrupto de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.
Para dimensionar un poco el problema revisemos algunos números. Según el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010 de Transparencia Mexicana, en ese año se detectaron 200 millones de actos de corrupción en servicios provistos por autoridades de los tres niveles de gobierno. Los hogares mexicanos habrían destinado en promedio el 14 por ciento de sus ingresos a dar "mordidas". De acuerdo con estimaciones del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), la corrupción le cuesta a México el 10 por ciento de su Producto Interno Bruto, es decir, la friolera de 1 billón 529 mil 300 millones de pesos. Sin el lastre de la corrupción, el crecimiento económico de nuestro país sería mayor, según especialistas. Pero a la corrupción no sólo le debemos directamente parte del estancamiento económico, sino que también, en gran medida, la descomposición de la seguridad y la vida pública en ciudades como la nuestra encuentra su causa en ella. Cada acto de corrupción es una puerta cerrada más al proyecto de una sociedad más justa y menos desigual.
Sin embargo, frente al enorme problema, los gobiernos tienden a incurrir en la simulación. Promueven más leyes, establecen penas más duras y crean nuevas instituciones, lo cual, lejos de disminuir la corrupción, sólo la vuelve más sofisticada. Por que en el fondo del asunto está la impunidad y frente a ella no hay aparato ni norma que funcione. Mientras no haya voluntad de actuar con probidad y de castigar a los corruptos, nada va a cambiar. Como sociedad debemos cuestionarnos hoy si preferimos seguir asombrándonos día a día con los escándalos mientras los seguimos permitiendo -incluso fomentando-, o si debemos decidirnos a actuar ya para obligar a las autoridades a poner fin a este círculo que nos está destruyendo.
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