"Por un lado están los derechos de los comprendidos en la cuota de género, las mujeres, pero por otro lado están los derechos de candidatos varones que compitieron con mujeres y ganaron".
Pedro Joaquín Coldwell
Bastante insultante es para las mujeres que la ley electoral haya establecido cuotas para las candidaturas. El mensaje es que las mujeres no pueden alcanzarlas por sí mismas sino que requieren un trato paternalista. A esto hay que añadir que las cuotas están entrando en conflicto con los procesos democráticos internos de los partidos. Una mala ley, y una peor interpretación, vuelven a poner en entredicho la democracia en nuestro país.
En su artículo 219 el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) establece: "1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad", (así de mala es la redacción).
Ese mismo artículo, sin embargo, añade: "2. Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido."
Sin embargo, un Tribunal Electoral activista -los magistrados se quedaron con ganas de ser legisladores-- ha emitido fallos que abrogan el párrafo segundo. Las cuotas de género, según los magistrados, deben aplicarse sin importar los resultados de los procesos internos de los partidos. Siempre obediente, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, ha sentenciado: "El mínimo de 120 candidatos propietarios para diputados y 26 para senadores es una obligación que, con base en las disposiciones emitidas por el TEPJF, no tiene excepciones". Quizá debió añadir: "Aunque lo diga la ley".
Es loable que se defienda la igualdad de oportunidades para las mujeres y cualquier otro grupo de la sociedad; pero las cuotas, que presuponen la inferioridad de las mujeres y su necesidad de un trato especial, no son el camino para lograrlo. Aunque son relativamente pocas las mujeres que participan en la vida política de nuestro país, las que hay son en general de gran talento: ni Beatriz Paredes ni Josefina Vázquez Mota ni Ivonne Ortega ni Amalia García, por mencionar algunas, necesitaron cuotas para alcanzar puestos de responsabilidad política.
Si establecemos cuotas de género, ¿por qué no también otras para los distintos pueblos indígenas? ¿Y para las personas con capacidades diferentes? ¿Y para los mexicanos de ascendencia judía y libanesa? ¿Y para los homosexuales? ¿Y para los evangélicos? ¿Y para los masones? ¿Y para los ambulantes? ¿Por qué no mejor construimos un sistema de perfecta equidad corporativista en que cada grupo tenga sus legisladores? Los consejeros del IFE los podrían nombrar sin tener que pasar por el molesto voto de la población.
El sueño de construir una democracia en que el voto libre nos permita elegir a nuestros gobernantes se esfuma cada vez más. Tenemos cientos de legisladores electos no por los ciudadanos sino por los partidos. Éstos tienen además el monopolio de postular candidatos a cargos de elección. Y el Tribunal Electoral nos dice que las cuotas son más importantes que el voto.
En la contienda electoral del Distrito Federal tenemos un caso de falta de paridad. Tres mujeres -Beatriz Paredes, Isabel Miranda y Rosario Guerra-contienden por la jefatura de gobierno contra un hombre, Miguel Ángel Mancera. ¿Tendrá que sustituir el IFE a alguna por un hombre? Sería injusto. Pero ésa es la lógica que la clase política nos quiere imponer.
Ante un juez parcial, tres acreedores han tenido que nombrar a un interventor en el concurso mercantil de Mexicana de Aviación. Desafortunadamente los costos de obtener justicia en México siguen siendo inaceptablemente altos.
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