En una reunión, los responsables de áreas jurídicas de varias dependencias del ayuntamiento de Torreón, acordaron endurecer las sanciones para quienes dañen o roben la infraestructura urbana, sentenció el primer síndico del cabildo, Arturo Rangel Aguirre.
Aprobaron lo anterior el diputado local Rodrigo Fuentes Ávila; el delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, Fernando Olivas Jurado y David Omar Sifuentes Bocardo, segundo visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Rangel Aguirre explicó que a través de una adhesión a la fracción tercera del artículo 175 de la Ley de Procuración de Justicia del Estado, se busca impedir que salgan bajo fianza aquellas personas que roban infraestructura urbana, a menos que restituyan lo dañado a conformidad del municipio.
Esta condición se aplicaría únicamente en personas que hayan causado daños por debajo de los 50 salarios mínimos, y en caso de que alguien se exceda, deberá enfrentar un proceso penal.
Fernando Olivas apoyó la iniciativa del municipio. 'Con las nuevas medidas se pretende que los responsables vayan directamente a la cárcel en caso de no reparar el daño', puntualizó.
El proyecto se analizará en la Comisión de Gobernación de Torreón para después llevarla a Cabildo y posteriormente presentarla ante el Congreso del Estado, donde a través del diputado Rodrigo Fuentes Ávila se busca que siga adelante.
Una vez aprobada la propuesta se trabajará en la cuestión operativa con la Dirección de Seguridad Pública Municipal para castigar también a propietarios de los lugares donde se compren los artículos que son robados de la infraestructura urbana como cable, lámparas, postes, entre otros.
