La adopción de nuevas políticas energéticas no es ya una opción para la mesa de análisis, sino una indetenible prioridad para enfrentar los retos de las crisis, cada vez más profundas y de mayores alcances, por la histórica explotación de los recursos naturales no renovables.
No es una tarea fácil en ningún sentido, por supuesto, pues el desarrollo económico y social de la humanidad se ha fincado en el aprovechamiento de la energía fósil, es decir, la proveniente del carbón, el petróleo y el gas natural.
Los intereses en torno a las industrias que se han dedicado a su obtención, transformación y comercialización son enormes y no pocas ocasiones han puesto trabas al desarrollo y utilización de lo que conocemos como energías que además de ser renovables también sean autosustentables, con ese perfil de energías limpias, no contaminantes que tanto apremia a la humanidad estandarizar, regular y globalizar para detener los multicitados problemas de orden medioambiental, e incluso intentar revertirlos, antes de resultar imposible la contención de una crisis ecológica global.
A pesar de la conciencia y coincidencia acerca del tema, las firmas de protocolos, convenios y regulaciones internacionales sobre los tipos de energéticos y sus formas de aprovechamiento, tanto entre expertos como entre gobiernos en el mundo, siguen siendo las energías contaminantes las más usadas en el planeta.
¿Por qué? Fácil, los intereses, esos de los cuales hablamos al principio. Lo difícil es luchar contra ellos. Por visto, no están dispuestos a sumarse con todo al reto de transformar, de cambiar a fondo las políticas energéticas, sino sólo ha hacer pequeñas concesiones.
El deterioro de los ecosistemas y de la biodiversidad, los daños, muchos de ellos ya irreversibles, por más evidentes en el aire, las aguas y las tierras parecen ser insuficientes para que los responsables de las políticas públicas del sector tomen decisiones, diseñen estrategias y apliquen políticas públicas, de carácter nacional y global, vinculantes, es decir, obligatorias, con posibilidades de ser evaluadas y sancionadas y no queden sólo en las buenas intenciones de una mayoría que busca preservar al mundo para las generaciones futuras contra los poderosos intereses de unos cuantos beneficiarios de la catástrofe ecológica que ya vivimos y terminará por asfixiar la humanidad, sin que sea esto una mera metáfora.
Como el beneficio común, el de la humanidad en general, ha resultado insuficiente para darle un giro a las políticas energéticas nacionales y globales, hay que sentar en la mesa de negociaciones a todas las partes involucradas y preguntarles directo y de frente con qué incentivos estarían dispuestos a colaborar, todos, en la articulación de estrategias y políticas de desarrollo autosustentable de gran escala y alcance global.
La filantropía no será uno de esos incentivos, pero sí es posible que podamos encontrar los incentivos o motivaciones comerciales que hagan del mercado un elemento de unión y acuerdo en torno al tema ambiental y no como hasta ahora uno de diferendo y exclusión.