México no cuenta con los registros de las armas traficadas de manera encubierta en la operación "Rápido y Furioso", debido a que Estados Unidos ha negado a la PGR esta información, con el argumento de que debe guardar el sigilo de sus propias investigaciones que están en curso.
El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alejandro Ramos Flores, aseguró en entrevista que esta es la razón por la cual la PGR no ha podido relacionar dichas armas con homicidios y hechos violentos específicos en el país.
El funcionario aseguró que la PGR desconocía este operativo y que incluso su oficina de enlace que tenía habilitada en la sede del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) se enteró de este hecho por la prensa.
"En lo particular no tengo conocimiento de que haya un indicio que refiera este conocimiento por parte de las autoridades mexicanas de una operación de esta naturaleza y menos en particular respecto de Rápido y Furioso, que entiendo empezó después de 2007.
"Entonces, no hay ningún elemento que refiera que las autoridades mexicanas participaron, conocieron y consintieron la operación", afirmó el funcionario.
Ramos Flores dijo que desde marzo de 2011 la PGR ha formulado 7 solicitudes de asistencia jurídica a los estadounidenses, en las que piden que sean identificados los 14 funcionarios del ATF involucrados, entregar sus testimonios y permitir interrogarlos, entre otras diligencias. Sin embargo, los vecinos del norte sólo le han proporcionado a México información pública y las normas que tipifican los delitos que pudieran ser sancionados en Estados Unidos, por "Rápido y Furioso".
"No hay ninguna documental que nos permita comparar las armas que se han asegurado con respecto de las armas que fueron traficadas hacia México en este operativo. No es posible decir en este momento que el arma que se aseguró en tal escena del crimen forme parte de las que fueron introducidas ilegalmente al país", dijo.
Explicó que desde diciembre pasado, tras el asesinato de un agente de la Patrulla Fronteriza con una de las armas incluidas en el operativo encubierto, la PGR inició tres indagatorias.
Una de ellas en la SIEDO por tráfico de armas, otra en la Unidad de Delitos cometidos en el Extranjero, que depende de la subprocuraduría a cargo de Ramos, y otra en la Visitaduría General, contra servidores públicos de la PGR que pudieran estar involucrados.
Dijo que existe la posibilidad de juzgar a los oficiales involucrados, en caso que existieran delitos con incidencia en México y que no fueran castigados por EU.
