A finales de la semana pasada el presidente electo de México Enrique Peña Nieto (EPN) se reunió con los gobernadores y Jefe de Gobierno del DF electos, provenientes de los partidos y coaliciones de las izquierdas (Arturo Núñez, Miguel Ángel Mancera, Graco Ramírez, Gabino Cué, entre otros). Anteriormente (12/09/2012) había hecho algo similar con los ejecutivos locales del Partido Acción Nacional, (Rafael Moreno Valle, Héctor López y Guadalupe Osuna Millán).
Saludamos este tipo de reuniones con espíritu republicano, ya que son una muestra de la pluralidad política que vive el país y son necesarias para que el Estado Mexicano en sus diferentes niveles de gobierno (Federación, estados y municipios) afronte los graves problemas que padecemos.
Convienen a México y a las partes interesadas. A EPN le quedan para dar la imagen de pluralidad que el gobierno nacional necesita; a los partidos de oposición también para poder consolidar sus proyectos de gobierno local, situación que no ha sido fácil, pues a excepción del Distrito Federal, Guanajuato y Baja California los gobiernos emanados de partidos o coaliciones de gobierno opositor al PRI no han podido consolidarse en México como proyectos estables de largo plazo. El caso más negativo (y un ejemplo para no repetir) es Chiapas, donde la izquierda no sólo perdió el poder recientemente, sino que el anterior gobernador terminó en la cárcel.
Los gobernadores (del PRI y de las oposiciones) deben colaborar con el Presidente de México sobre todo democratizando sus estados para cambiar la idea imperante de que a partir de 2000 han sido los "nuevos señores feudales" y que no rinden cuentas a nadie.
El problema mayor que afrontan la mayoría de los estados de la república es el incremento de los índices delictivos y la violencia, pareciera que todos los esfuerzos realizados hasta ahora no han dado resultados. Es un tema muy complejo que no es para sacarle alguna ventaja electoral, ya que ninguna corporación está exenta de alguna responsabilidad. Hay que sumar esfuerzos y coordinación en este rubro en los tres niveles de gobierno.
Creemos que en la relación entre la Federación y los estados de la república debe fijarse una agenda de trabajo con base en las competencias que a cada nivel de gobierno otorga la Constitución.
Hay muchos temas comunes entre ambos niveles de gobierno; la reactivación del campo, los servicios de salud, el agua, la educación, los desastres naturales, los programas sociales, las tarifas eléctricas y las reformas estructurales en el terreno nacional; petrolera, fiscal, laboral, entre otras.
Uno de estos temas que se debe revisar es el marco jurídico de los estados y municipios en la constitución nacional, algo hay que hacer en esta cuestión.
Actualmente, la Ley Fundamental mexicana otorga muy poco margen de maniobra a los constituyentes locales para definir con independencia y autonomía las decisiones políticas fundamentales de sus estados.
Esta agenda de trabajo común puede incluir los siguientes puntos:
* Revisar el Título Quinto (arts. 115-122) "De los Estados de la Federación y del Distrito Federal" de la propia constitución nacional y proponer algunas reformas.
Los estados de la república deben tener más libertad para definir sus instituciones políticas locales.
El municipio debe ser apoyado para crear su propio ordenamiento municipal (Estatuto Municipal) y darle mayor autonomía para aprobar su ley de ingresos, presupuesto y cuenta pública.
La Ciudad de México (Distrito Federal) debe en el futuro tener su constitución política local autorizada por los propios ciudadanos capitalinos, dando las garantías a los Poderes de la Unión para seguir siendo la capital del país.
*Evaluar el cumplimiento de las normas de la constitución nacional y tratados internacionales que deben aplicar los estados en sus respectivos ámbitos de competencia y, efectivamente verificar que se han hecho e informar a la ciudanía sobre ello.
*Revisar las constituciones políticas locales dentro del margen de maniobra legislativa que la constitución nacional autoriza (Art. 124) y hacer propuestas de reforma a los constituyentes locales.
Las constituciones de los estados tienen mala fama en México, se les considera una mala copia de la constitución nacional, casi nadie las conoce ni las cita. Debe revertirse esta idea haciendo constituciones que realmente expresen lo que la gente necesita.
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