Opacidad. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) omitió informar sobre la situación jurídica de los militares involucrados en el caso del 2011.
Durango
Los "errores" cometidos por personal del Ejército Mexicano han costado más de 200 mil pesos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por concepto de indemnizaciones.
Dicha remuneración tuvo que ser pagada por la institución pues implica la muerte de civiles inocentes durante acciones militares en territorio duranguense. En contraste, la situación legal de los presuntos responsables es una interrogante que se negó a aclarar.
De acuerdo al documento 0000700104712, proporcionado por la Sedena en respuesta a una solicitud de acceso a la información realizada por El Siglo de Durango, entre el 1 de enero del 2011 y el 30 de junio del 2012 solamente existe un caso en que personal militar dio muerte a una persona, en una presunta "confusión".
El ese oficio, la Sedena se concretó a mencionar que el caso ocurrió en el poblado Navíos, del municipio de Durango, y por la muerte de una mujer pagó 19 mil 247 pesos al esposo. Aunque El Siglo de Durango especificó la solicitud de la fecha en que ocurrió dicho incidente, la Secretaría no la dio a conocer en su respuesta.
Incluso se le pidió explícitamente a la Sedena que informara el estatus actual del proceso emprendido contra los militares señalados como responsables de dicho acto, detallando si se encontraban sometidos a la justicia militar o civil; de lo cual tampoco dio respuesta.
El caso ocurrido en Navíos es el segundo en los últimos cuatro años. En una solicitud de información realizada a mediados del 2011, la Sedena reconoció su responsabilidad en el deceso de un joven durante un operativo implementado en el municipio de Otáez, en donde se destruyó un plantío de droga.
En ese despliegue realizado el 2 de junio del 2010, un efectivo del Décimo Quinto Regimiento de Caballería disparó en contra de un habitante de la zona, quien pereció en el Hospital Militar de Mazatlán, Sinaloa. Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al secretario de la Defensa Nacional.
A manera de reparación del daño, la Sedena ofreció un convenio a la familia de la víctima para pagar una indemnización "de reparación de daño moral" y gastos funerarios. Para ello, erogó 167 mil 183 pesos por el primer concepto y 16 mil 515 pesos por el funeral.
Es decir, en cuatro años sólo existen documentados dos casos de este tipo, por los que la Sedena ha tenido que pagar 202 mil 945 pesos en esta entidad.
El Siglo de Durango
