El pasado jueves 14 de junio, faltando 17 días para las elecciones, Enrique Peña Nieto presentó como su asesor en asuntos de seguridad al general colombiano Óscar Naranjo Trujillo, quien apenas dos días antes había dejado la dirección de la Policía Nacional de Colombia.
El general -cargo que se le otorgó al escalar varios peldaños en su carrera policiaca, no por ser parte del ejército- construyó en Colombia la imagen de un "superpolicía" por haber disminuido el grado de violencia de los cárteles del narcotráfico, sobre todo los de la sanguinaria Medellín, ciudad que fue sede de las operaciones del capo de capos Pablo Escobar Gaviria.
Naranjo Trujillo, de 55 años de edad, disminuyó, sí, los niveles de violencia, lo que no quiere decir que contuvo el tráfico de drogas, actividad que continúa intocada en esa localidad y en todo Colombia. Pero su imagen de "superpolicía" la vende muy bien y aquí se hizo eco mediático de ella al ser presentado como asesor en seguridad del candidato presidencial del PRI.
Nadie reparó entonces en al menos dos cosas:
1. Que uno de sus hermanos, Juan David Naranjo Trujillo, fue detenido en Colonia, Alemania, el 27 de abril de 2006, al vender un cargamento de 35 kilos de cocaína a dos policías encubiertos. Ingresó a la prisión de Offenburg para cumplir una condena de seis años de cárcel pero, por buena conducta, fue liberado al año y medio.
Y 2. Que es una aberración que un tema tan sensible, como el de la seguridad nacional, se abra a extranjeros, así éstos solamente sean asesores. Esto podría tipificar, incluso, como una violación a la Constitución, cuyo artículo 32 recuerda que ciertas funciones públicas del mayor interés nacional deben estar exclusivamente en manos de mexicanos y que "en tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad pública. Para pertenecer al activo del Ejército en tiempo de paz o al de la Armada o al de la Fuerza Aérea en todo momento, o desempeñar cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento".
El anuncio, además, generó un profundo malestar, aún no resuelto, entre los altos mandos de las fuerzas armadas mexicanas, que sintieron tal decisión de Peña Nieto como un desaire o menosprecio.
Quienes promueven la participación de Naranjo Trujillo argumentan que no es violatoria de la Constitución porque sólo se trata de una asesoría. Pero asesorar implica disponer toda la información del asunto que se atiende, de manera que un extranjero tendrá información de primera mano de los flancos vulnerables de nuestra seguridad nacional.
El pasado 7 de julio, seis días después de las elecciones, el general Naranjo Trujillo dio una entrevista a la agencia de noticias estadounidense Prensa Asociada (AP) en la que dijo haberle propuesto a Peña la creación de lo que llamó grupos de choque mixtos para combatir no sólo a los narcotraficantes sino a las bandas de sicarios.
Explicó que esos grupos de choque podrían estar integrados por unidades del Ejército, la Armada y la Policía Federal, conforme al modelo que aplicó en Colombia y mediante el cual redujo, en Medellín, los niveles de violencia.
De hecho un objetivo central es ése: mostrar en los primeros cien días de un gobierno encabezado por Peña una sensible reducción de la violencia que nos desangra. Esos grupos de choque, sin embargo, fueron la semilla de los grupos letales que proliferaron durante la gestión del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), en gran parte de los cuales Naranjo Trujillo fungió como director de la Policía Nacional de Colombia.
No son pocos los periodistas y analistas de Latinoamérica que consideran a Uribe el responsable de un genocidio paramilitar en su lucha contra ciertos cárteles colombianos y contra organizaciones guerrilleras que hicieron alianza con grupos delincuenciales. Y le digo contra ciertos cárteles porque a Uribe se le acusa de haber pactado con otros e incluso de beneficiarse del multimillonario negocio.
El caso es que esos grupos de choque o letales de Colombia llegaron a convertirse en los tristemente célebres escuadrones de la muerte que no han respetado los derechos humanos de los colombianos y que igual arremeten contra narcos, guerrilleros o grupos que enarbolan protestas sociales.
Y ese es justamente el riesgo que se corre aquí de implementar tal recomendación: grupos letales, escuadrones de la muerte, fuerzas paramilitares para ejecutar operaciones a la carta. Igual contra el narcotráfico que contra la protesta social. Y la voluntad de hacerlo ya quedó demostrada hace tiempo con la no olvidada represión contra los pobladores de San Salvador Atenco.
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@RaulRodriguezC
