El gobierno conservador español anunció el jueves un recorte en las empresas públicas y una intensificación de la lucha contra el fraude y la economía sumergida, en un nuevo intento por sujetar el déficit y contener el gasto.
El gobierno del Partido Popular (PP) propuso la eliminación de al menos 515 de los 4 mil organismos públicos que operan a nivel nacional, regional y local.
La cifra de recorte se fijó en 2010, pero desde entonces sólo se suprimieron 69 entidades. El gobierno que preside Mariano Rajoy tiene previsto reunirse en las próximas semanas con autonomías y ayuntamientos para exigirles que cumplan sus compromisos.
"La realidad es más dura de lo que pensábamos y las medidas también lo serán", dijo la portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, al término de la reunión semanal del gabinete.
Además, el gobierno anunció un plan para combatir el fraude fiscal con el que esperan recaudar casi 8,200 millones de euros (10,500 millones de dólares).
El proyecto incluye incrementar las inspecciones de trabajo para reducir la economía sumergida, que según estimaciones supone un 18% del Producto Interno Bruto (PIB) de España.
El plan antifraude analizará información proveniente de paraísos fiscales y limitará el uso de efectivo en determinadas transacciones financieras para hacer aflorar dinero no declarado.
"No se puede abordar el pago de facturas que superan determinadas cantidades mediante el pago en metálico con billetes de gran cantidad", señaló Sáenz de Santamaría. "Consideramos que es un elemento muy clarificador y muy determinante de dónde se están produciendo bolsas de fraude y dónde se está utilizando dinero negro", agregó.
Estas medidas se suman a las decretadas la semana pasada que suponían un recorte de gasto de 8,900 millones de euros (11,425 millones de dólares) y un aumento de la recaudación de cerca de 6,300 millones (8,085 millones de dólares) tras la subida del impuesto sobre la renta.
El gobierno del PP, que asumió el poder antes de Navidad tras ganar holgadamente las elecciones del 20 de noviembre, justificó la dureza de sus decisiones en la necesidad de cumplir sus objetivos de reducción de déficit público.
Sáenz de Santamaría dijo el viernes que España cerró 2011 con un déficit de 8% del PIB y no de 6% como tenía previsto el anterior gobierno socialista.
El país ibérico se comprometió con la Unión Europea a cerrar 2012 con un déficit de 4,4% del PIB.
