Policías. Según el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, hay divergencia en las cifras de algunas entidades porque las instituciones de seguridad pública no actualizan en ese órgano su plantilla de personal en activo.
Autoridades estatales con menos de 50% de sus policías evaluadas con exámenes de control de confianza justificaron su incapacidad para cumplir con este requerimiento, cuyo plazo vence en enero de 2013.
Aseguran que no tienen equipo ni personal capacitado para hacer las evaluaciones, aunque critican que la Federación los exhorte a aplicar los exámenes sin resolver de fondo la inseguridad.
Ayer se documentó cómo en todo el país hay 38 mil 480 policías que reprobaron los exámenes de control de confianza, pero que no han sido despedidos de sus corporaciones. Están en las calles protegiendo a los ciudadanos.
Autoridades estatales se escudan en múltiples pretextos para justificar por qué no dan de baja a elementos que incumplen los parámetros de confianza para proteger a los ciudadanos.
Lanzarse la culpa entre poderes; carencia de recursos para despedirlos; falta de tiempo para cumplir la ley que obliga a separar de sus cargos a quien repruebe; incumplimiento de la Federación para asignar presupuesto para las liquidaciones, entre otros argumentos esgrimidos, ha obligado a los estados a seguir con policías poco fiables.
Óscar Vega Marín, secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), acusa falta de voluntad de gobernadores y alcaldes para cumplir con la evaluación de sus policías.
"En materia de evaluación de los elementos estoy convencido de que quien no estará al día con esta obligación es por falta de voluntad política, y advertimos que muchas entidades que están cerca de logarlo, otras ya lo hicieron y el Gobierno federal lo ha logrado. Entonces no hay justificación para no haber evaluado al 100% de sus elementos", expuso Vega en una conferencia de prensa a inicios de noviembre.
A menos de dos meses de que se cumpla la meta legal de evaluar al cien por ciento de los elementos de corporaciones de seguridad, Quintana Roo presenta un rezago de 95% y es el más atrasado, según el último corte del SNSP.
Según el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, hay divergencia en las cifras de algunas entidades porque las instituciones de seguridad pública que remiten su plantilla de personal en activo no las actualizan al Centro Nacional de Acreditación y Certificación.
Autoridades de seguridad de Quintana Roo atribuyen el rezago a la falta de especialistas en polígrafo y a la tardanza del gobierno federal de aprobar el nombramiento del director del Centro de Control de Confianza.
Otros estados con menos de 25% de avance son Chihuahua, Jalisco y Tamaulipas, según el SNSP.
El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Rafael Lomelí, calcula que la meta la alcanzará su entidad hasta mediados de 2013.
El funcionario tamaulipeco explica que la capacidad del estado permite que 300 elementos sean evaluados al mes; sin embargo, la meta mensual es de 450, por lo que se trabaja para ampliar la cobertura. Para ensanchar la capacidad se estaría inaugurando un Centro de Control de Confianza en Tampico, adelanta Lomelí.
Quintana Roo, por su parte, anuncia que solicitará una prórroga ante el Gobierno federal para poder cumplir con la certificación de los policías del estado, dice Héctor Castillo, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
En entrevista, Castillo expone que el Estado no cumplirá con la certificación de la policía en los plazos establecidos por la Federación y que buscarán una prórroga. Confirma que 60% de los 7 mil 800 elementos quedará sin evaluación integral al vencer el plazo en enero de 2013.
"Estamos revisando el tema y realizando las evaluaciones respectivas, pero no se va a cumplir al cien por ciento, por lo que estamos pidiendo apoyo al Sistema Nacional de Seguridad y a otros estados para avanzar", reconoce Castillo.
Para Castillo es un problema que se veía venir "y la mayoría de los estados no van a poder cumplir, por lo que tendrán que pedir prórroga".
Recientemente, César Duarte, gobernador de Chihuahua, refutó señalamientos del Gobierno federal relativos a la falta de aplicación de los exámenes de confianza. "Chihuahua tiene policías confiables y un sistema robusto de administración de justicia que nos ha permitido bajar sensiblemente los índices de delitos de alto impacto", dijo.
Duarte lamentó que "la Federación sólo exhorte a los estados a que realicen de manera adecuada las evaluaciones de confianza, pero no vaya más allá en el planteamiento de cómo resolver de fondo el tema de la inseguridad".
Duarte dijo: "Me parece esencial que se revisen otras cosas. ¿Qué se está haciendo para aplicar el sistema acusatorio federal? No se ha hecho nada".
El gobernador de Chihuahua asevera que "es claro que requerimos de policías confiables, pero el problema es que cuando hay un policía honesto y no hay una administración de justicia sólida, al que se detiene se le suelta y luego viene la venganza contra el policía".
Ricardo Salas Torres, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública en Jalisco, argumenta la falta de personal en el área de psicología en el Centro de Control de Confianza, como uno de los principales factores para el atraso.
En Jalisco, externa el funcionario, hay déficit de personal para evaluar a 5 mil 500 elementos de corporaciones municipales y estatales. "La paga no es mala, tenemos unas 20 plazas, así que si alguien se anima, aprovechamos el medio", asegura en entrevista.
Según Salas Torres, son 18 mil 500 los que faltan de evaluar y no 23 mil 535, como reporta el SNSP. Según Salas, la Federación no tiene las cifras actualizadas, mientras que el SNSP se queja de que no se las reportan.
Con mil 240 policías estatales y municipales acreditados en Tamaulipas, el gobernador Egidio Torre Cantú, calificó como muy bueno el esfuerzo hecho por su administración en la entidad.
Al preguntarle si había rezago en la aplicación de los exámenes de confianza, responde: "¿Rezagado? ¿Comparado con qué? Yo creo que el esfuerzo que estamos haciendo es muy bueno".
Rafael Lomelí, secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, explica que buscan reacomodo en otras áreas para mil 125 policías municipales que no aprobaron los estudios de confianza.
El secretario general de Gobierno de Durango, Jaime Fernández, dijo que la autoridad estatal tiene la voluntad de cumplir con el compromiso pactado para enero de 2013, pero dependen de los recursos económicos y de no concretarse, al menos habrá un avance importante.
Fernández Saracho puntualiza que la meta del cien por ciento no puede ser garantizada, pues aunque es un tema importante, la depuración policiaca se ha vuelto un proceso tortuoso por la falta de recursos e infraestructura, puesto que el compromiso de aplicar exámenes y limpiar corporaciones se hizo sin tomar en cuenta que habría que pagar liquidaciones a los policías que resultaran reprobados en los controles de confianza.
Jorge Uscanga Escobar, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, dijo que el 42% de los más de 21 mil policías estatales y municipales de Veracruz ha sido evaluado y hasta ahora se hace público, porque se conoce el dato de unos 2 mil 500 agentes dados de baja.
Reprueba y sigue como jefe en BC
"Yo no reprobé (los exámenes de confianza), me reprobaron", argumentó Francisco Castro Trenti, director de Seguridad Pública de Rosarito, quien pese a ello se mantiene en su puesto.
Rosarito, localizado a pocos kilómetros de Tijuana, podría quedarse sin el recurso federal para preservar la seguridad de los ciudadanos porque el funcionario no aprobó.
El mando policiaco es hermano del presidente de la bancada de los diputados del PRI de Baja California en la Cámara de Diputados, Jorge Fernando Castro Trenti, aspirante a candidato a la gubernatura del estado y cercano al legislador Manlio Fabio Beltrones.
El abogado, recién nombrado director de Seguridad Pública, reprobó los exámenes de control de confianza y pese a ello el alcalde de Rosarito se niega a destituirlo.
En octubre, Daniel de la Rosa, secretario de Seguridad Publica de Baja California, informó que el director de Rosarito no era apto para ocupar el puesto, pero que era el alcalde Javier Robles Aguirre quien conocía el resultado.
Tanto el director de Seguridad Pública como el edil aseguraron que fueron "cuestiones políticas", con el argumento de que días antes Francisco Castro denunció actos de corrupción de personal de la Secretaria de Seguridad Pública estatal.
"Yo no reprobé, me reprobaron", ha sostenido Castro Trenti, quien incluso asegura que acudirá con las autoridades del FBI a comprobar que sí aprobó los exámenes.
Ahora, el Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Playas de Rosarito informó que, acompañados por el alcalde, se reunieron con autoridades del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el DF.
Personal de la dependencia federal advirtió que puede perderse el subsidio para la seguridad en Rosarito, y exhortan a que en los próximos días se declare desierta la plaza de director y se nombre a un encargado de despacho.
El edil manifestó que los exámenes no fueron imparciales, a lo que la dependencia contestó que hay un recurso de revisión.
Temen incumplir con exámenes a policías
Sólo 6 entidades lograron 100% de pruebas de control: SNSP
Las entidades federativas están rezagadas en la aplicación de exámenes de control de confianza a policías estatales y municipales.
Veracruz, San Luis Potosí, Durango, Oaxaca, Guerrero, Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Chihuahua y Quintana Roo son los estados que tienen menos de 50% de sus elementos sometidos a las pruebas de control de confianza.
Ayer lunes, se documentó cómo en todo el país hay 38 mil 480 policías que reprobaron los exámenes de control de confianza, pero que no han sido despedidos de sus corporaciones, están en las calles protegiendo a los ciudadanos.
Óscar Vega Marín, secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), argumentó una falta de voluntad de gobernadores y presidentes municipales para cumplir con la evaluación de sus policías, cuyo plazo vence en enero de 2013.
"En materia de evaluación de los elementos, estoy convencido de que quien no estará al día con esta obligación es por falta de voluntad política, y advertimos que muchas entidades están cerca de lograrlo, otras ya lo hicieron y el Gobierno federal lo ha logrado. Entonces, no hay justificación para no haber evaluado al cien por ciento a sus elementos", expuso Vega en una conferencia de prensa a principios de noviembre.
César Duarte, gobernador de Chihuahua, refutó los señalamientos federales sobre la falta de aplicación de exámenes de confianza. "Me parece esencial que se revisen otras cosas. ¿Qué se está haciendo para aplicar el sistema acusatorio federal? No se ha hecho nada", dijo Duarte.
Al preguntarle al gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, si había rezago en los exámenes de confianza, respondió: "¿Rezagado? ¿Comparado con qué? Yo creo que la verdad es que el esfuerzo que estamos haciendo es muy bueno".
Por su parte, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Quintana Roo, Héctor Castillo Madrid, declaró que "estamos revisando el tema y realizando las evaluaciones respectivas, pero no se va a cumplir al cien por ciento, por lo que estamos pidiendo apoyo al Sistema Nacional de Seguridad y a otros estados para avanzar".
Seguridad
Grupos activos.
⇒ Policías ministeriales o equivalente: 29 mil 243.
⇒ Policías estatales: 202 mil 274.
⇒ Policías municipales: 166 mil 147.
⇒ Policías por cada 100 mil habitantes en el país: 354
FUENTE: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PúBLICA; CENTRO NACIONAL DE INFORMACIóN (CNI)/DGAT: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011
Panorama de la evaluación
⇒ El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Rafael Lomelí, calcula que la meta la alcanzará su entidad hasta mediados de 2013.
Aunque el Sistema Nacional de Seguridad Pública asegura que en Jalisco falta por examinar 23 mil 535 elementos, Ricardo Salas, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, dice que sólo son 18 mil 500.
El Centro Nacional de Certificación y Acreditación asegura que hay divergencia en las cifras de algunas entidades porque las instituciones no actualizan su plantilla de personal.
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