Once hombres que afirmaron que agentes de inmigración estadounidenses violaron sus derechos durante redadas realizadas en 2007 lograron un arreglo por 350 mil dólares con el gobierno federal, el cual aceptó además detener los procesos de deportación contra los demandantes, dijeron sus abogados.
Las redadas realizadas en Fair Haven, un barrio predominantemente latino en New Haven, Connecticut, ocurrieron un día después de que la ciudad se convirtió en la primera en ofrecer tarjetas de inmigración a inmigrantes sin permiso de estancia en el país.
Quienes criticaron las redadas, incluido el alcalde, han sostenido que éstas fueron realizadas en represalia por el programa de tarjetas de identificación, acusación que fue negada por la Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés).
Al parecer el arreglo es el más alto pagado por Estados Unidos en una demanda relacionada a redadas residenciales de inmigración y se trata del primero que incluye compensación, así como un remedio legal en el asunto del estatus de inmigración, según Mark Pedulla, un estudiante de Derecho de la Universidad de Yale quien estuvo involucrado en la representación de los demandantes.
"Ellos esperan poder ofrecer un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando uno defiende sus derechos", comentó Pedulla.
Ross Feinstein, un vocero del ICE, dijo que el arreglo no significa una admisión de responsabilidad por parte del gobierno de Estados Unidos. "El Gobierno está llegando a un arreglo para evitar el tiempo adicional y el gasto de un litigio más largo", indicó Feinstein.
Los demandantes estuvieron entre aproximadamente 30 personas arrestadas en la redada realizada en las primeras horas del 6 de junio de 2007. Los hombres argumentaron que los agentes los sacaron de sus camas con pistola en mano y asustaron a niños en algunas de las casas. Aseveraron que la agencia federal estaba tomando represalias contra New Haven, la cual tiene reputación de ser una "ciudad santuario" por su buen recibimiento a inmigrantes sin permiso de estancia en el país y que ellos fueron blanco de la redada solamente por su apariencia latina.
Recorte de fondos
El jefe del Pentágono, Leon Panetta, rogó al Congreso que deje a un lado los recortes automáticos de presupuesto por unos 490 mil millones de dólares a lo largo de los próximos diez años y advirtió que causarán "graves daños" a la fuerza militar de Estados Unidos.
Panetta y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Martin Dempsey, concurrieron ayer a una interpelación ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, un día después de que el presidente Barack Obama enviara al Congreso su plan de presupuesto federal para el año fiscal 2013. El plan incluye un corte de gastos del 0.9% para el período que comienza el 1 de octubre y apunta a una reducción del 8.5% en el gasto militar durante la próxima década.
En 2011, en un acuerdo para que los republicanos aceptaran un incremento del techo de la deuda pública nacional, se previeron recortes automáticos en los gastos del Gobierno en el caso de que las negociaciones bipartidistas sobre el déficit fracasaran, como ocurrió.
En el área de Defensa, una de las más afectadas por la amenaza de recortes automáticos, la reducción sumaría casi 500 mil millones de dólares.
