Arraigado. Tomás Ángeles Dauahare, exsubsecretario de la Sedena.
Estados Unidos reconoció su preocupación por los casos de corrupción en el seno del Ejército mexicano y mostró su disposición a trabajar "diligentemente" con el gobierno de México para tratar de avanzar en la construcción de instituciones "libres de corrupción".
"Cualquier acusación de corrupción o de abuso de derechos humanos (en las fuerzas armadas) nos preocupa", aseguró el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, cuando se le preguntó por el escándalo de corrupción que involucra a los generales del Ejército, Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe González por sus presuntos nexos con el narcotráfico y el crimen organizado.
"Estamos trabajando diligentemente con el gobierno de México" insistió Toner para avanzar en una agenda que contemple "instituciones libres de corrupción, democráticas y el fortalecimiento del imperio de la ley".
El Departamento de Estado, que apenas el pasado 24 de mayo lamentaba la "ausencia de un protocolo claro y reglas para la confrontación" entre las unidades del Ejército y la Marina en su lucha contra los cárteles de la droga y volvía a denunciar los recurrentes casos de desapariciones y violaciones de derechos humanos, se veía obligado a manifestar su preocupación por la posible infiltración del narcotráfico en las fuerzas armadas.
"Este tipo de cosas nos preocupa, de la misma forma que le preocupa al gobierno de México", señaló Toner quien echó mano de un tono prudencial para valorar un caso que es altamente sensitivo para las autoridades mexicanas.
La reacción del Departamento de Estado se produce el mismo día que el diario The New York Times dedicó un reportaje al caso de los generales mexicanos que están detenidos y arraigados por sus supuestos vínculos con el c→ srtel de Beltrán Leyva.
Según la publicación, el caso que involucra a altos mandos de las fuerzas armadas en activo o retiro han empeorado la ya de por sí desgastada relación entre las agencias de seguridad de Estados Unidos y el Ejército mexicano. Según el diario, exoficiales estadounidenses así como funcionarios en servicio coinciden en que el arresto de los militares, uno de los cuales fungió como subsecretario de la Defensa Nacional, "ha sacudido a los cuerpos de seguridad".
Agrega que la exasperación de Estados Unidos llegó a su nivel máximo en 2009, cuando militares mexicanos no se dieron prisa en actuar en un caso contra el liderazgo del cártel de los Beltrán Leyva, cuya información fue proporcionada por la inteligencia estadounidense.
"La DEA en 99% de las ocasiones va a tratar con las agencias de seguridad, no con el Ejército", dijo al rotativo Michael Braun, exjefe de operación en la Agencia Antidrogas de EU.
El diario estadounidense señala que los encuentros entre las agencias de EU y la milicia mexicana, en donde se tratan asuntos relacionados con la Iniciativa Mérida, suelen ser tensos y ambas partes se ven como "primos lejanos que cuentan las historias feas sobre la familia del otro".
Otro de los factores que causa tensión son los reportes del Departamento de Estados sobre la actuación del Ejército mexicano en torno a los derechos humanos. En su último informe, la dependencia americana asegura que en México continúan las violaciones por parte de las fuerzas armadas.
Conceden un amparo al General Roberto Dawe
El Juzgado 1 de Distrito de Amparo en Materia Penal concedió una suspensión provisional de amparo al general Roberto Dawe González, quien se encuentra arraigado por 40 días en el Centro Federal de Investigaciones.
Por esa razón no podrá ser trasladado a otro lugar para cumplir con la medida cautelar, en caso de que la Procuraduría General de la República (PGR) lo solicite.
El general brigadier solicitó la protección de la justicia federal contra los actos del juez 1 Federal Penal especializado en arraigos, cateos e intervenciones telefónicas, demanda de amparo que fue aceptada bajo el número 496/2012 en el Juzgado 1 de Distrito de Amparo.
En este caso el juzgado determinó otorgar la suspensión provisional de amparo para efectos que el general brigadier no sea trasladado del Centro Federal de Investigaciones a ningún otro lugar para cumplir con el arraigo, según se informó en el libro de acuerdos de ese órgano.
