El ex funcionario puede ser detenido por los delitos que le imputa la PGR, que lo acusa de violar el artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito en grado de tentativa.
Un juez federal con sede en Coahuila suspendió la orden de aprehensión librada en contra de Héctor Javier Villarreal Hernández, ex titular del Sistema de Administración Tributaria estatal, por delitos del fuero común, pero no por los de orden federal,por los que puede ser reaprehendido.
La resolución se dictó dentro del juicio de amparo 86/2012, que promovió el 3 de febrero pasado en ex funcionario, acusado de los delitos equiparable al fraude por simulación de actos jurídicos y uso de documentos falsos, al presentar tres decretos apócrifos del Congreso local para recibir cinco créditos bancarios por cinco mil 300 millones de pesos.
José Daniel Nogueira Ruiz, Juez Primero de Distrito en el estado de Coahuila, fijó a Villarreal Hernández, como medida de seguridad para otorgarle la suspensión, una garantía por dos millones quinientos mil pesos.
En la resolución se indicó que dicha cantidad se fijaba discrecionalmente, pues el quejoso indicó que se encontraba gozando de su libertad caucional, y no se contaba con algún dato objetivo que permitiera estimar que el mismo se hubiere revocado, ya que el juez local no rindió el informe previo, pese a estar notificado, por lo que se le impuso una multa disciplinaria de 500 pesos.
Villarreal Hernández solicitó también al juez de distrito la suspensión en contra de la identificación administrativa y de la orden para suspender sus derechos políticos, pero el juez le concedió únicamente la primera, para que no sea fichado hasta que se resuelva el fondo del amparo.
Respecto de la suspensión de sus derechos políticos, el juez negó la solicitud, pues de concederla se le estarían dando efectos restitutorios al acto reclamado, que son propios de la sentencia que se dicte al resolverse la demanda de amparo.
Pese a esta resolución, el ex funcionario puede ser detenido por los delitos que le imputa la Procuraduría General de la República (PGR), que lo acusa de violar el artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito en grado de tentativa.
