La PGR puso en evidencia las mentiras de la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza Genaro García Luna.
La subprocuradora Victoria Pacheco Jiménez detalló en conferencia la serie de mentiras y encubrimientos de la SSP para favorecer a los agentes de la Policía Federal que dispararon a agentes de la CIA y un marino el 24 de agosto en Tres Marías, Morelos.
De entrada, la Procuraduría aseguró que funcionarios de la División de Seguridad Regional instruyeron a los 14 agentes federales que participaron en el ataque, para que se presentaran a declarar ante el MP uniformados y con vehículos de la corporación.
Esto, pese a que, cuando dispararon a la camioneta Land Toyota Crusier, con placas diplomáticas BCM 242, iban vestidos de civil a bordo de vehículos particulares, según consta en videos de la CFE, Caminos y Puentes Federales y la Cruz Blanca, así como fotos de los propios teléfonos de los agentes.
Según la titular de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, en sus primeras declaraciones ministeriales los agentes federales atendieron las indicaciones de sus jefes para mentir y manifestaron que iban uniformados y en patrullas balizadas.
Además, aseguraron que indagaban el secuestro de un funcionario y que dispararon para repeler una agresión.
Al respecto, la PGR descartó la supuesta investigación del secuestro, pues, si bien existió, éste era indagado por la Procuraduría de Morelos, no por la PF.
Además, Pacheco Jiménez indicó que, según pruebas periciales y científicas, la totalidad de los casquillos hallados en el lugar del ataque corresponden a armas de la Policía Federal, por lo que no hay elementos que avalen la versión de que los oficiales repelían un ataque de los agentes diplomáticos.
La subprocuradora también reveló que un juez federal instruyó la aprehensión de cinco mandos policiacos, órdenes que envió a la Secretaría para que ésta los detuviera. Sin embargo, sólo uno fue aprehendido: el inspector general Juan Manuel Pacheco Salgado.
Como resultado, los otros mandos obtuvieron un amparo, con lo que suspendieron el mandato judicial, lo que implica que ya no pisarán la cárcel, pues el delito que les atribuyen no es grave.
Al mismo tiempo, dijo que la PGR solicitó a la SSP entregar los vehículos particulares de los agentes involucrados en los hechos, petición que la SSP tardó un mes en atender.
