La diputada perredista Dolores de los Ángeles Nazares presentó ante la Comisión Permanente del Congreso una solicitud para exhortar al gobierno de Michoacán a investigar la desaparición de 643 personas en 17 meses, según reportes de la CDHE.
Con un punto de acuerdo se insta respetuosamente al Poder Ejecutivo del estado de Michoacán que mediante las instancias de procuración y aplicación de justicia, se investigue y localice a esas personas.
“A través de la Procuraduría General de Justicia local se solicita actualizar los registros relativos a ciudadanas y ciudadanos desaparecidos en el estado, e investigar a fondo, consignar y castigar a los responsables de las desapariciones de ciudadanas y ciudadanos michoacanos”, precisó en un comunicado.
Asimismo pide que en el ámbito de su competencia se coordinen con la Federación, mediante los mecanismos de colaboración, para garantizar la seguridad física, personal y jurídica de los michoacanos en todo el territorio estatal y nacional.
De acuerdo con el representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en México, Jesús Peña, de 2006 a la fecha, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido casi cinco mil reportes de personas presuntamente desaparecidas.
Según declaraciones a un diario local emitidas el 17 de mayo, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), José María Cázares Solórzano, aseveró que durante los últimos 17 meses ha recibido 643 reportes de michoacanos desaparecidos en esa entidad o en algún lugar de la República.
De ese total, sólo se han encontrado a cuatro de ellos, refirió el texto, que asevera que la entidad michoacana se ubica entre los 10 estados del país más afectados por el fenómeno de desaparición de personas.
Nazares Jerónimo recordó que el grupo de trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) resolvió presentar recomendaciones al Estado mexicano, las cuales deberán ser atendidas con prontitud.
Entre estas sobresalen la de garantizar que el delito de desaparición forzada sea incluido en los códigos penales de todas las entidades federativas.
Se recomendó también que se armonice la definición por la desaparición forzada en la legislación penal, con lo establecido en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Además, garantizar la coordinación entre las autoridades responsables de la seguridad pública, para prevenir e investigar la desaparición forzada de personas y avalar la jurisdicción de los tribunales civiles en todos los asuntos relacionados con las desapariciones forzadas.
Otras recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) son establecer un programa nacional de búsqueda de personas que cuente con un protocolo de acción inmediata y respaldar el derecho a la reparación integral a las víctimas de desaparición forzada.
