Las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) instaron hoy aquí a los diferentes sectores de la sociedad civil en su país a dar sus aportes a la búsqueda de la paz.
"La participación popular, hemos insistido con vehemencia, es la protagonista principal de un proceso como el que decidimos emprender", dijeron este miércoles en uno de sus habituales comunicados.
Al llegar al Palacio de Convenciones, sede de las pláticas de paz con una delegación del gobierno de Colombia, el guerrillero Ricardo Téllez indicó que la participación de la sociedad en el proceso es la clave para lograr el fin del conflicto armado.
Antes de iniciar la octava jornada de la mesa de diálogo, instalada el pasado 19 de noviembre en La Habana, resultaron como en días previos infructuosos los esfuerzos de los periodistas por lograr una declaración de los negociadores gubernamentales.
En una carta abierta a la Comisión de Paz del Congreso colombiano, las FARC elogiaron la labor realizada por las mesas regionales, foros creados para debatir los temas incluidos en la agenda de las pláticas, como la tierra y la participación política.
"Saludamos la pluralidad de los participantes de cada una de las Mesas Regionales de Paz que funcionaron bajo su conducción, y los instamos a que participen con el mismo entusiasmo y más, en el Foro Política de Desarrollo Agrario Integral (Enfoque territorial)", agregó.
Ese foro sesionará en Bogotá, del 17 al 19 de diciembre próximo, con el auspicio de Naciones Unidas (Colombia) y el Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional.
Al reanudar el martes las pláticas, tras un receso de un día el pasado lunes, las FARC se mostraron optimistas sobre su desarrollo tras el primer acuerdo conjunto que convocó el domingo al foro de desarrollo agrario integral.
La guerrilla más antigua de América Latina, con poco más de nueve mil hombres, reiteró esta semana su pedido de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, indulte al guerrillero Simón Trinidad para que asista al diálogo en Cuba.
Trinidad cumple una pena de 60 años de prisión en Estados Unidos, a donde fue extraditado en 2004, acusado de terrorismo por el secuestro de tres ciudadanos estadounidenses.
