Exigen a telefónicas bloqueo en penales
El Gobierno federal intenta otra vez concretar el bloqueo de celulares en las 419 cárceles del país, ahora obligando a los concesionarios de telefonía a colaborar so pena de iniciarles procedimientos administrativos.
La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos técnicos para el bloqueo de telefonía celular en los penales, medida que ya es obligatoria a raíz de una reforma de abril pasado a la Ley Federal de Telecomunicaciones.
En su diagnóstico del problema, los representantes de todas las prisiones del país reconocen la gravedad del problema que pretenden corregir.
"Desde el interior de los centros penitenciarios y en coordinación con bandas delictivas en libertad se llevan a cabo delitos de extorsión con amenazas de secuestro o de muerte, y fraudes telefónicos contra la sociedad.
"Dentro del ambiente penitenciario se cometen acciones de amenaza a familiares de internos, intimidación de testigos, custodios y personal penitenciario; se toman fotografías de las instalaciones y del personal de seguridad para coordinar ejecuciones, evasiones y motines", exponen.
Los lineamientos publicados ayer, pretenden enfrentar el problema operativo de limitar las señales de múltiples bandas de frecuencia, sin afectar a los usuarios que residen cerca o que pasan junto a un reclusorio.
"Todos los centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, cualquiera que sea su denominación, deberán contar con equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen, dentro del perímetro de los mismos", dice la norma.
La instrucción deriva a su vez del artículo 44 de la ley mencionada, que según fuentes oficiales fue reformada por el Congreso sin que existiera un consenso previo con todos los concesionarios, y que ordena que los bloqueos de señales en ningún caso podrán exceder de 20 metros fuera de las instalaciones de las cárceles.
Los concesionarios tendrán ocho obligaciones específicas, y la tarea que se avecina es compleja, pues primero tendrán que realizar pruebas y estudios previos a la instalación de los inhibidores dentro de cada uno de los 419 centros de reclusión, y luego tendrán que mantener un monitoreo para detectar afectaciones a usuarios externos.
Los concesionarios tendrán que informar a cada reclusorio sobre la ubicación de las radiobases cercanas, es decir, de las celdas o estaciones que son la unidad básica de las redes de telefonía celular.
Ambas partes deberán suscribir convenios de confidencialidad sobre la ubicación de esas radiobases y sobre los sitios dentro de los penales donde serán colocados los inhibidores.
Para financiar esos proyectos, los estados y municipios, que administran la gran mayoría de los cárceles, podrán acceder a recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, que este año tiene asignados 7 mil 373 millones de pesos.
