Irrupción. La irrupción de soldados y policías federales y estatales al Templo de San Judas Tadeo ha causado indignación a nivel nacional.
La Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana Puebla, exigen a las autoridades una investigación del cateo realizado por elementos policiacos y soldados en el Templo de San Judas Tadeo.
A través de un comunicado, fijaron su postura de los hechos ocurridos el pasado 9 de febrero en las instalaciones de la Parroquia de San Judas Tadeo, donde se ubica a su vez el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A.C.
"Tenemos conocimiento de que elementos castrenses y cuerpos policiacos sin orden judicial alguna y de forma arbitraria, irrumpieron en la Parroquia y las oficinas mencionadas demandando información de las actividades que se realizan en dicho lugar.
"De acuerdo también con los hechos referidos por los testigos, sabemos que las autoridades -de forma negligente y sin haber mostrado un solo documento de identicación- inspeccionaron diversas áreas sin haber encontrado nada. Posteriormente se retiraron, percatándose los presentes que en el atrio de la Parroquia se ubicaban varias decenas de militares y policías federales".
El comunicado está firmado por el sacerdote Carlos Morfín Otero, de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, y el maestro Óscar Arturo Castro Soto, director del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S. J.
DEMANDAS
Ambos exigen que se realice una investigación exhaustiva de estos hechos ocurridos el día 9 de febrero a las 20:00 horas en el templo.
También que el Gobierno Mexicano sea garante de los derechos humanos de las personas, reconozca su responsabilidad y evite en lo sucesivo este tipo de atropellos enmarcados en la ilegalidad; y por último que se garantice la seguridad de quienes laboran en la Parroquia de San Judas Tadeo y el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi.
Seguridad
Sobre los hechos exigen:
⇒ Una investigación exhaustiva de estos hechos ocurridos el día 9 de febrero en el templo.
Que el Gobierno Mexicano sea garante de los derechos humanos de las personas, reconozca su responsabilidad; y por último que se garantice la seguridad de quienes laboran en la Parroquia de San Judas Tadeo y el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi.
