Extinción de LyFC afronta pendientes

Luz y Fuerza del Centro desapareció el 11 de octubre de 2009 por medio de un decreto presidencial y se estableció que de manera inmediata los bienes pasaran a manos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y la subsecretaría de Electricidad, de la Secretaría de Energía, los puso a disposición de la Comisión Federal de Electricidad para que prestara el servicio en la zona centro del país.

La resolución ha sido combatida en diversos ámbitos por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) sin embargo, a decir de Jorge Sánchez, ex líder de los trabajadores, el problema es que este combate se tornó político y no jurídico y en ese tenor es que no se puede avanzar en la reconstrucción del organismo.

Hasta ahora, de acuerdo con las cifras de la Comisión Federal de Electricidad, se han contratado a cerca de 3 mil 500 ex trabajadores de LyFC de al menos los 44 mil que fueron despedidos y hay 16 mil que no han liquidado el gobierno federal.

Pero esta acción del gobierno, que ha sido apoyada por diversos sectores en México, empieza a mostrar fallas en muchas áreas de interés de la paraestatal, entre otros temas no se tiene claro, por ejemplo, donde están escrituras de casas que fueron objeto de préstamos hipotecarios o adeudos en unidades habitacionales.

Entre los papeles perdidos están jubilaciones, préstamos con cargo a nómina para remodelaciones de vivienda o para auto, también hay asuntos que resolver y que están pendientes en juzgados.

LyFC no generaba su propia energía, compraba 98% o 99% de la misma a la CFE en bloque, es decir, como un consumidor industrial lo haría a precios comerciales que se distribuían por toda la Ciudad de México más 82 municipios del Estado de México, 45 de Hidalgo, dos de Morelos y otros tres de Puebla.

Jorge Sánchez dice que entre los errores en la lucha de los trabajadores hay consecuencias graves y una, que es la más importante, es que dejaron pasar los tiempos legales para los amparos respectivos y se optó por una lucha política.

En noviembre de 2009, el entonces líder del SME pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atrajera el caso para investigar la posible violación de derechos de los trabajadores, pese a que los particulares no pueden hacer estas solicitudes; al final ese expediente terminó en el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.

Lo que es un hecho es que, al final del día, el asunto fue desechado y en este momento la única lucha legal que continúa es la de Jorge Sánchez García, nombrado en asamblea como secretario General Interino del SME con apoyo de 33 mil 580 firmas de trabajadores y ex trabajadores.

Esa lucha que queda es laboral, dice el dirigente, es la demanda por incumplimiento del convenio del 15 de mayo de 1985 donde el SME y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana acordaron zonas específicas para operar.

Es decir, en términos muy simples, una vez que se desaparece a LyFC los trabajadores deben de regresar a sus mismos lugares de trabajo para reportarse con el nuevo patrón sustituto a cargo de la zona donde el SME tiene exclusividad.

Este asunto se deberá resolver en el mediano plazo y se tiene que ganar ante autoridades laborales quienes deberán reconocer el acuerdo firmado por el entonces presidente Miguel de la Madrid.

"Una vez que nos reconozcan como sindicato y como parte de la empresa podremos ofrecer un convenio de productividad real, negociar la cantidad de empleados para la zona centro y ver si se procede a la recontratación o no", explicó.

Sánchez dice que el SME como organización pertenece a los trabajadores y que la Secretaría General Interina tiene el apoyo y sustento legal necesario para poder representar a los trabajadores.

"Si alguien dice que esta lucha legal ya se acabó está en un error, aún no acaba y no hay razón para pensar de que podría acabar como ellos quieren, tenemos un convenio firmado por la CFE y por el gobierno y eso ahora nosotros lo queremos hacer valer legalmente", dice Sánchez.

Propuestas que ofrece el SME

Los costos de contar con un servicio de electricidad de mala calidad en el centro del país provocaron que en 2008 se perdieran cerca de 8 mil 200 millones de dólares en la economía de la región centro del país, de acuerdo con informes de la Secretaría de Energía de 2009.

Ese monto es la cantidad de recursos que se crearían con una buena capacidad eléctrica, es energía eléctrica que se pudo haber vendido y no se hizo porque Luz y Fuerza del Centro no estaba en condiciones de hacerlo y eso pegó en el empleo porque se impidió la creación de 187 mil 650 empleos.

Estos hechos la Sener les llama energía no suministrada que no es otra cosa sino que hay una demanda no atendida por los usuarios, más aún, la cantidad de solicitudes que se rechazaron en 2008 y una parte de 2009 es igual a electrificar a una ciudad como la de Tijuana, en Baja California.

Esta cantidad medida por la Sener implica una carga de unos 900 Mega watts, el equivalente a 2.5% de la demanda máxima del país.

Los principales sectores que se vieron afectados por el mal servicio de LyFC fueron los desarrolladores de vivienda de interés social, constructores de centros comerciales, tiendas de autoservicio e industria en general.

Los desarrolladores de vivienda, por ejemplo, tuvieron una carga no atendida de 164.3 Megawatts y retrasó en las inversiones lo que implica un aumento del 4% en el precio de las casas, además de que se dejaron de crear cerca de 180 mil 700 empleos en la zona centro del país.

Para terminar la disputa con el Gobierno, se hicieron propuestas para impulsar la modernización del sector.

La Secretaría General Interina del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) mantiene una disputa legal con el Gobierno Federal no para reconstruir la compañía de Luz y Fuerza del Centro sino para hacer valer los acuerdos firmados en 1985.

Pero no está con las manos vacías. Hicieron llegar una serie de propuestas a la Secretaría de Gobernación que servirán para terminar, por un lado, los contratistas concentrados en la zona centro del país, y por el otro, terminar la disputa legal con los trabajadores.

Su proyecto de productividad ofrece: Apoyar a los lineamientos que se establezcan para los programas de modernización energética para en el país.

Contribuir a la implementación de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico con instituciones y empresas para la modernización del Sector Energético; participación activa de los trabajadores en acciones de productividad y modernización del sector eléctrico contribuyendo con todo el acervo de la experiencia y capacitación adquirida.

Colaborar en la aplicación de los adecuados procesos productivos en el sistema eléctrico, coadyuvar a la solución de los problemas político, económico, laboral y social del país.

Restablecer el adecuado cobro a usuarios mejorando el trato directo al cliente y regularizando las alzas desmedidas en recibos, al contar con un amplio conocimiento en contratación, conexión, facturación y cobros de servicios.

Alta experiencia y capacitación en el manejo de subestaciones para mantener la confiabilidad y continuidad del servicio eléctrico. Conocimiento en el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los diversos equipos de alta potencia y distribución.

Disponibilidad para mejorar la calidad en el Servicio Público de Energía Eléctrica con base al diseño y construcción de obras futuras que demande la red eléctrica nacional en el sistema interconectado. Programas para lograr la eficiencia en el uso, gasto y ahorro de energía eléctrica.

Otras acciones concretas que está proponiendo llevar a cabo el SME ya dentro de la CFE son tener una administración eficiente, audaz, integrada al sector nacionalista y modernizadora.

De esta manera se podrán llevar a cabo temas como la definición de la zona de atención, la ordenación de recursos, la integración de las comisiones encaminadas a la productividad, reflejo de imagen de modernización, fijación de objetivos, metas y estrategias y una carta compromiso de ello.

En términos de productividad la oferta del SME es obtener recursos suficientes, un incremento de porcentaje en la generación por planta eléctrica, eficiencia y desarrollo en subestaciones de potencia, reducción en costo de generación y distribución, eliminación de las tarifas locas, un nuevo esquema tarifario, una política de cobros justos y eficientes, incremento en la producción de energía.

Además se comprometen a construir, mantener, consolidar, garantizar la permanencia y sustentabilidad de la empresa pública, atención al usuario usando las nuevas técnicas de marketing y geo referencia de las cuentas de los usuarios.

*El autor es secretario del Interior del Comité Central Interino del SME