Al menos 56 millones de hectáreas, 30% del territorio nacional, son controladas por las empresas mineras que operan en el país, en su mayoría canadienses, según expertos académicos que admitieron que la legislación mexicana ha facilitado la extracción, pero también ha desprotegido a terceros de los daños y perjuicios de esa actividad.
Durante la presentación el libro "La Minería o la Vida", en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los expertos indicaron que México es el segundo abastecedor mundial de minerales para Estados Unidos, y ocupa el lugar 14 entre los países atractivos para la inversión minera, aunque con bajas perspectivas económicas ya que mientras una empresa puede obtener ganancias por 50 mil millones de dólares el país recibe una derrama económica de 500 millones de dólares.
Marycarmen Color, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, dijo que las leyes nacionales actuales vulneran los derechos de las comunidades y privilegian a los megaproyectos mineros.
La funcionaria calificó esos privilegios como los principales abusos que se cometen en el mundo, recordó que esa oficina de la ONU ya ha emitido "recomendaciones para que se respeten las opiniones de los pueblos, como en el caso de la mina en la reserva Wirikuta en San Luis Potosí".
LOS PERJUICIOS México resulta atractivo para la minería por las medidas ambientales, leyes sobre posesión de la tierra y los impuestos que cobra, y por ello, según los autores del libro, Francisco López Bárcenas y Mayra Eslava, la Secretaría de Economía ha otorgado más permisos en todo el país que en la década pasada, principalmente en los estados del norte.
