Defensa. Andrés Manuel López Obrador habla en su visita Puebla, dentro de la segunda fase de asambleas informativas.
Del total de las pruebas ofrecidas originalmente por la Coalición Movimiento Progresista para anular la elección presidencial, 65.50% no está relacionada con ese proceso, sino que son relativas a elecciones a gobernadores, diputados o senadores. Debido a ello no cumplirían los requisitos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, por lo que podrían ser descartadas del análisis de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al analizar la validez del proceso presidencial.
De las 2 mil 171 pruebas restantes, que equivalen a 34.49% de las que fueron presentadas y que sí se relacionarían con la elección, mil 112 -casi la mitad- carecen de los requisitos que la citada ley establece para analizar pruebas confesionales y testimoniales, es decir, no fueron emitidas ni consignadas ante un fedatario público. Se trata de 495 escritos a mano, 507 en computadora y 108 formatos con el membrete de "escritos de incidentes", y otros dos llamados "inconformidad ciudadana", pero sin las formalidades que prevé el artículo 14 de la ley mencionada para ser tomadas en cuenta en el juicio electoral.
Otras pruebas son 13 comparecencias ante notario y 18 denuncias ante el Ministerio Público. Además, entre los elementos con los que la coalición asegura que podrían acreditarse irregularidades suficientes para anular el proceso, hay 2 mil 902 tarjetas, entre ellas 2 mil 435 de Soriana y 628 telefónicas, con la imagen de Enrique Peña Nieto, candidato de la alianza Compromiso por México.
Al impugnar la elección, el pasado 12 de julio la coalición de izquierdas que postuló a López Obrador, presentó 6 mil 294 pruebas contenidas en 58 cajas, por eso colocó sus spots llamados "Miles de pruebas". Sin embargo, al realizar su informe circunstanciado -en el que justifica por qué la elección no debe anularse-, el IFE concluyó que 4 mil 123 (65.50%) no corresponden a la elección presidencial.
