Familia se va de Juárez por la inseguridad

Hasta hace unos días la familia de Josué pensaba que su futuro estaba en esta frontera. Sin embargo, todo cambió la tarde del 7 de febrero, cuando el menor de nueve años de edad resultó gravemente herido por policías municipales quienes dispararon sobre la camioneta en la que viajaba con su madre, por no pararse en un retén. Hoy, la familia del niño prefirió abandonar su casa, sus amigos y su porvenir aquí para no volver a enfrentar el miedo a la violencia.

El argumento inicial de los policías sobre el porqué dispararon fue en el sentido de que ellos observaron que en la parte trasera del vehículo viajaban tres sicarios, por lo que la madre del infante incluso fue detenida y sujeta a investigación. El menor recibió tres impactos de bala que le destrozaron la mano derecha y le dejaron inservible la izquierda, además de que otro disparo le afectó el intestino, la vejiga y la cadera.

Luego de permanecer una semana internado en un hospital particular, el pequeño Josué fue dado de alta el sábado, y ya con la posibilidad de que pudiera ser trasladado en una ambulancia, el mismo fin de semana su familia y él cruzaron hacia El Paso, Texas. "Aquí ya no existen las garantías suficientes para vivir", fue el mensaje de ellos.

 SERIE DE MENTIRAS

El día del ataque, el primer reporte oficial que se recibió sobre los hechos fue en el sentido de que presuntamente el vehículo en el que viajaban las víctimas omitió detenerse en un retén instalado en las inmediaciones de la colonia Díaz Ordaz. Los oficiales, según se dio a conocer, detallaron que para obligar al conductor de una camioneta a detenerse realizaron disparos a las llantas.

No obstante, de todos los disparos que efectuaron ni uno atinó a las llantas del vehículo. En cambio, reportaron que el menor que viajaba en el carro de los presuntos delincuentes recibió tres impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

El informe de los uniformados omitió que las balas que dispararon le destrozaron al menor la mano derecha y le dejaron inservible la izquierda, al igual que dañaron el intestino, la vejiga y la cadera. El reporte señalaba también que una mujer que viajaba en el automóvil "sospechoso" había salido ilesa y se le había consignado ante la Fiscalía de Justicia de la Zona Norte, acusada de viajar con tres presuntos sicarios. Casi de inmediato se comprobó que esta última versión era una mentira y ella quedó en libertad.

Ante esta situación, la Fiscalía determinó iniciar una investigación en contra de los policías municipales identificados como Yadhira Méndez Gallardo, de 28 años; Zirán Marván Cadena, de 39 años; Paulo Jesús Domínguez Castro, de 33 años; y Juan Gabriel Rivera Ávalos, de 37. Al realizar las primeras indagaciones se encontró que los oficiales "acomodaron" las evidencias a su favor y trataron de inculpar a la madre del menor.

El fiscal encargado de este caso ordenó su arresto al ser señalados como presuntos responsables de los delitos de falsedad en declaraciones ante una autoridad judicial, encubrimiento por favorecimiento, abuso de autoridad y lesiones, y aunque la vida del pequeño Josué estuvo y está aún en riesgo, no les imputaron el cargo de tentativa de homicidio.

"Los agentes cayeron en contradicciones y falsedades en sus respectivas declaraciones, tratando de desvirtuar y confundir la investigación, sin embargo, se logró determinar que los agentes actuaron fuera de sus deberes y facultades", señala el informe de la Fiscalía estatal.

Entre las pruebas químicas que se realizaron está el análisis de las prendas de vestir, las trayectorias de los impactos detectados en el vehículo de la maestra y su hijo, así como los análisis a filamentos y pruebas de células de descamación, esto último para establecer cuántas personas realmente iban en el vehículo.

"Estas pruebas las fortalecieron la propia declaración del menor, ya que el niño refirió que en el vehículo nada más viajaban su madre y él y que iban por su hermana, así como por la declaración de la propia maestra", refirió el portavoz de la Fiscalía General del Estado, Arturo Sandoval Figón.

Para reparar el daño, el alcalde Héctor Murguía Lardizábal pagó la cuenta del hospital, ofreció disculpas a la madre y prometió que el incidente no quedará impune. La madre aceptó el dinero, las disculpas y huyó a la vecina ciudad de El Paso, Texas.

 MARCAS PARA TODA LA VIDA

"Ya no puedo hacer nada, lo único que le agradezco a Dios es que mi hijo aún esté con vida. Esto lo va a marcar para toda la vida, pero aún sigue conmigo. Dicen que va a haber justicia y que los responsables van a ser castigados, pero qué gano yo con eso, qué gana mi hijo con eso. No le van a devolver la movilidad en las manos, eso no va a hacer que camine, que juegue futbol, que dibuje, que sea el de antes", dice la maestra Sonia con lágrimas, mientras aceleraba los documentos para trasladar en una ambulancia a Josué.

"Voy a dejar toda mi vida atrás, mis clases, mi escuela, los amigos de mi hijo y me da tristeza porque esta es mi ciudad y la quiero, pero ya no se puede vivir aquí, no existen las garantías para seguir viviendo aquí y la prueba está en lo que le pasó a mi hijo. Por eso me voy y nunca más regresaré", puntualizó.

El juicio en contra de los cuatro agentes municipales inició el lunes pasado.

'Viola derechos Policía de Juárez'

La Comisión Estatal de Derechos Humanos consideró que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) ha violentado las garantías de ciudadanos y periodistas.

José Luis Armendáriz, presidente del organismo, indicó a través de un comunicado de prensa, que son necesarios los resultados de las investigaciones que se han llevado a cabo sobre las denuncias presentadas ante las autoridades judiciales.

"Aunque en muchos de los asuntos denunciados se cuentan ya con elementos de prueba suficientes para afirmar que las acciones de los policías municipales han violentado los derechos humanos", expuso Armendáriz.

Adelantó que en breve se presentará una serie de recomendaciones enfocadas a la solución de esta problemática.

Al hablar a nombre de los integrantes del consejo consultivo de la CEDH, Armendáriz señaló que la violencia utilizada como estrategia de orden jamás generará estabilidad ni tampoco justicia.

"Mientras que el camino más seguro para las autoridades es el pleno respeto a los derechos humanos, así como el debido proceso para quienes infrinjan el estado de derecho".

En forma unánime, los seis consejeros coincidieron en que cuando los elementos de seguridad pública son quienes atentan en contra de los derechos humanos de las personas, se abren las puertas para que los delincuentes también lo hagan.

"Este es un camino equivocado de la autoridad, porque en la medida en que esto se repite nos acercamos más hacia la anarquía y el autoritarismo, alejándonos del estado de derecho y libertades para todos, que es la condición indispensable para ejercer nuestra democracia", se indicó en el documento enviado ayer por la mañana.

A su vez, Irma Guadalupe Casas Franco, directora de Casa Amiga "Esther Chávez Cano", quien radica en esta ciudad fronteriza, afirmó que en Ciudad Juárez se han incrementado las detenciones de periodistas por realizar su trabajo, así como las quejas y denuncias de violación a los derechos humanos po ciudadanos, a quienes no les explican el motivo de su detención y reciben trato de delincuentes por los policías municipales.

Indicó que es necesario que la CEDH se manifieste públicamente en contra de estas prácticas, así como repudiando toda acción que atente en contra de los derechos humanos de las personas.

Ante ello, se informó que durante una reciente sesión del Consejo consultivo, se estableció emitir un comunicado, donde se diera cuenta fiel de que se presentaron, por parte de varios consejeros ante sus pares, denuncias de periodistas, y personas de la sociedad civil, que aseguran haber sido violentadas en sus derechos humanos, por parte de los elementos de la Policía Municipal, a cargo de Julián Leyzaola.