Los políticos pasan la mitad del tiempo estableciendo límites al gasto electoral y a los tiempos de campaña, y la otra buscando formas de violarlos. Ahora lo están haciendo a través de empresas y asociaciones "fantasma".
La estrategia no es prerrogativa de un solo partido. Tanto el PRI como los partidos de izquierda parecen haber recurrido a empresas e instituciones paralelas para financiar de manera ilegal sus esfuerzos electorales.
Jesús Murillo Karam, coordinador jurídico de Enrique Peña Nieto, ha señalado que el PRI contrató los servicios de la empresa Alkino para obtener tarjetas electrónicas que se utilizaron para pagar el trabajo y los gastos de representantes generales y de casilla el día de la elección. Alkino también financió la operación, ya que el gasto fue de 66 millones de pesos y el PRI sólo ha cubierto 4 millones de pesos.
Alkino no parece tener ninguna experiencia en servicios financieros como éstos. Subcontrató, de hecho, los servicios de otra, Atama, que es un simple membrete. Los 66 millones de pesos se gastaron en personal contratado para el día de la elección que atendió las 143 mil casillas del país. El artículo 229 del Código Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales (Cofipe) señala que los sueldos y gastos del personal eventual de los partidos serán considerados gastos de campaña, pero el PRI ha decidido clasificar estos 66 millones como gasto "ordinario" para evitar un rebase del tope de campaña de 336 millones de pesos.
Ahora bien, no sólo el PRI ha buscado formas de violar la ley electoral que él mismo aprobó. También lo han hecho los partidos de izquierda que, para este propósito, inventaron dos asociaciones civiles. La primera es Honestidad Valiente, creada el 14 de septiembre de 2006, el mismo día en que Andrés Manuel López Obrador levantó el plantón del Paseo de la Reforma. Honestidad Valiente recibió aportaciones de ciudadanos, legisladores y funcionarios políticos que permitieron financiar la campaña electoral que desde ese entonces -cuando no era legal-- empezó López Obrador para la elección de 2012. En el caso de los legisladores, éstos hacían los aportes de los fondos que generosamente les entregan las cámaras para los gastos inherentes a la función legislativa y sobre los que no tienen que rendir cuentas.
En 2007 se creó Austeridad Republicana, otra sociedad de simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, sólo que con la capacidad de ofrecer servicios profesionales. Los integrantes tenían buenas conexiones políticas. Dos meses después de formada, la asociación logró un contrato para la digitalización del padrón fiscal del Distrito Federal. A éste siguieron otros contratos. Según el PRI, Austeridad Republicana no paga impuestos y no está dada de alta como patrona en el Instituto Mexicano del Seguro Social; es una simple empresa fantasma para transferir dinero del gobierno del Distrito Federal, y de otras administraciones perredistas, a la campaña de López Obrador.
Las autoridades electorales tienen la obligación de revisar las operaciones de Alkino, Honestidad Valiente y Austeridad Republicana. Habrá que ver qué encuentran, pero la misma complejidad de las investigaciones hace imposible prever que se tengan resultados antes de la decisión del Tribunal Electoral sobre la validez de la elección.
A reserva de conocer los resultados de la autoridad, yo me quedo con la idea de que tanto el PRI como los partidos de izquierda establecieron topes y tiempos de campaña en la ley sólo para violarlos… y que han utilizado empresas fantasma en su intento por engañar al IFE.
CHÁVEZ, EL EJEMPLO
Una vez terminada la elección de este 2012 ha terminado la precaución de no identificar el proyecto político del Movimiento Progresista con el del venezolano Hugo Chávez. Tanto Dolores Padierna del PRD como Ricardo Cantú del PT han ensalzado a Chávez como ejemplo de presidente democrático.
Twitter: @sergiosarmient4
