Tras recibir la información del juez rector del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Felipe Consuelo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) reiteró su compromiso de facilitar la reestructura de la aerolínea y fijó una postura para avanzar y concluir con éxito el proceso.
La dependencia precisa que en primer lugar está atenta a que finalice el proceso de cobro del cheque por 300 millones de dólares mencionado en la notificación, a efecto de cumplir con la normatividad aplicable.
Refiere además en un comunicado que se mantiene a la espera de la presentación del Convenio de Acreedores que, por ley, es responsabilidad del conciliador elaborar y someter a aprobación, tal y como lo instruye el juez.
A solicitud expresa, funcionarios de la SCT recibirán a los inversionistas para aclarar cualquier asunto relacionado con la normatividad aeronáutica aplicable.
“Al momento que los inversionistas suscriban el Convenio de Acreedores y el juez lo apruebe en el proceso de concurso mercantil, la SCT estaría en posibilidad de concluir la verificación de las cuatro capacidades que, conforme a la legislación, cualquier inversionista interesado en operar una aerolínea requiere acreditar”.
Refiere que para avanzar en la acreditación de la capacidad financiera, es necesario que el conciliador y los inversionistas presenten el plan de negocios, suscriban el convenio de acreedores en los términos de ley, demuestren solvencia económica y la procedencia lícita de los recursos con los que se capitalizaría a la empresa.
Sobre la solicitud del juez para que sean protegidos los datos personales de los inversionistas, la SCT aclara que hasta ahora no tiene conocimiento de los nombres que conforman a Med Atlántica.
Recomienda por ello al conciliador y administrador de Mexicana, Gerardo Badin, tome las medidas correspondientes para que la confidenciabilidad de los datos se mantenga a satisfacción de los interesados.
Una vez que dichos inversionistas decidan ingresar los trámites correspondientes, los datos en las solicitudes estarán sujetos a las disposiciones que indican la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, expone la dependencia.
