Para los torreonenses, la controversia que sostienen la síndica de vigilancia Luz Natalia Virgil y el tesorero municipal Pablo Chávez sobre la situación de las finanzas del ayuntamiento es una película de un argumento conocido pero con distintos actores y escenario. En términos psíquicos, se trata de un déjà vu, esa sensación de haber vivido en otro momento una experiencia presente.
Y más que vivido, los torreonenses, así como el resto de los coahuilenses, hemos sufrido esa experiencia. En el segundo trimestre de 2011, cuando el exgobernador Humberto Moreira se encontraba ya sentado en la silla de la presidencia nacional del Partido Revolucionario Institucional y Rubén Moreira estaba en campaña para suceder a su hermano en la titularidad del Ejecutivo Estatal, se desató una polémica en torno a las finanzas estatales.
Mientras diputados locales y legisladores federales panistas aseguraban que la deuda de Coahuila rebasaba los 20 mil millones de pesos, el entonces director del Servicio de Administración Tributaria del Estado, Javier Villarreal, reconocía sólo un adeudo de 7 mil 400 millones. La controversia se mantuvo durante meses.
En una visita a esta región realizada en junio, el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, declaró que la deuda de la entidad rebasaba los 30 mil millones de pesos. Fue hasta ese momento que las autoridades estatales reconocieron que el nivel de endeudamiento era mayor del que habían reportado, pero no aceptaron la cantidad revelada por el exsecretario. El propio Villarreal dijo que la deuda llegaba a 15 mil millones, es decir, el doble de lo que ellos antes decían pero la mitad de lo que aseguraba Cordero.
Pero el tiempo y la realidad, implacables como son, terminaron por demostrar quién había mentido. En noviembre, semanas antes de la toma de posesión de Rubén Moreira como gobernador, el Congreso local autorizó la reestructuración de la deuda pública por un monto superior a los 35 mil millones de pesos. Es decir, el gobierno del estado mintió de manera sistemática sobre el monto real del endeudamiento hasta que le fue imposible ocultar la verdad. El engaño había sido descubierto. Las consecuencias hoy todos los coahuilenses las padecemos: más impuestos, menos inversión pública.
Un camino similar ha seguido el tema de la deuda del Ayuntamiento de Torreón. Mientras que la síndica Natalia Virgil asegura que, en base a las cuentas públicas, los pasivos municipales superan los 550 millones de pesos, el tesorero Pablo Chávez asegura que el monto no rebasa los 240 millones. De la misma manera que con el caso de Coahuila la pregunta que surge es: ¿quién de los dos miente?
Y en medio de esta polémica por los números hemos visto cómo el ayuntamiento se ha visto en serios aprietos para cumplir con sus múltiples compromisos financieros. Un día la Comisión Federal de Electricidad lo amenaza con cortar la luz eléctrica, otro se vencen los seguros de vida de los policías por falta de pago. Y durante meses no hay avances en obras públicas ni mantenimiento urbano. La ciudad muestra hoy su peor rostro en lustros.
La trama es, pues, la misma que la observada en el caso de la administración estatal. Si esto no aclara y se corrige a tiempo, tendremos en Torreón el mismo trágico desenlace. Y como siempre, quienes pagarán los platos rotos serán los ciudadanos.
