En torno al nuevo auto de sujeción a proceso, el ex gobernador aliancista Salazar Mendiguchía aseguró que la reconstrucción tuvo un avance superior del 90%. (Archivo)
El juez primero penal dictó auto de formal prisión contra el ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía por los presuntos delitos de ejercicio indebido del servicio público, coalición de servidores públicos y asociación delictuosa, como parte de las investigaciones por supuestos “desvío de recursos", durante la reconstrucción de los daños causados por el huracán "Stan" en 2005, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
La Procuraduría, a cargo de María Susana Palacios García, informó que por las “anomalías” detectadas por la Secretaría de la Contraloría y el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del estado, fueron iniciadas 17 averiguaciones previas por los delitos citados, además de presunto peculado y fraude.
Por estos supuestos ilícitos, la Procuraduría estatal indicó que ha practicado más de mil 826 diligencias, entre inspecciones a viviendas y obras, dictámenes de obra, peritajes contables, declaraciones y demás actuaciones que integran 25 tomos y 68 anexos, en más de 48 mil 500 fojas.
En torno al nuevo auto de sujeción a proceso, el ex gobernador aliancista Salazar Mendiguchía aseguró que la reconstrucción tuvo un avance superior del 90%, que el resto quedó a cargo de la administración de su sucesor Juan José Sabines Guerrero, a la que se dejó un fideicomiso administrado por Banobras por más de dos mil millones de pesos, "de los cuales, en 2011, el gobierno federal lo obligó a devolver cientos de millones por su incapacidad para ejercerlos".
La Procuraduría estatal destacó también que "las investigaciones revelaron que Salazar Mendiguchía ordenó a su entonces directora del INVI (Instituto de la Vivienda) Socorro Domínguez Aguilar, que realizara el pago por anticipado de 194 casas que no se encontraban construidas al 100% en agravio de familias damnificadas de Escuintla, Acapetahua, Villacomaltitlán, Huixtla y Tuzantán".
Detalló que actualmente se han acreditado con probables responsabilidades penales, diversos servidores públicos de más de una veintena de municipios, al igual que funciones públicos estatales.
