Inestabilidad
Las acciones de los Moreira frente al Gobierno del Estado de Coahuila nos están conduciendo al pueblo a la inestabilidad política, económica y social de seguridad pública, pues debemos reconocer que sus propuestas sólo han generado un endeudamiento ilícito para el Estado y por lo tanto indebido, que con el tiempo nos estará cada vez más limitando en cuanto a los servicios públicos necesarios y desarrollo urbano, pues la deuda pública crece y crece cada día más y más; así mismo los Moreira en su interés por no ser sancionados por la ley penal se han comprometido a pagar una deuda pública ilícita e indebida en perjuicio de todos los ciudadanos de Coahuila, al incrementar los impuestos y reprimiendo y coaccionando al pueblo con acciones recaudatorias de pagos por derechos de libre tránsito de servicios vehículares, de plaqueo, de tenencia vehícular, cuotas obligatorias de donativos a la Cruz Roja, Bomberos, Segurid ad Pública, Educación, Papro y otras que ya están pensando incluirlas en estos trámites de control vehícular.
Así mismo ahora nuestro señor gobernador Rubén Moreira Valdez, integró la llamada Policía Metropolitana, misma que violara el ámbito de competencia de otras instancias legalmente constituidas y presupuestadas para los servisios de Seguridad Pública, como lo es la Policía municipal, estatal y federal, mismas que ya son apoyadas también por los servicios militares, lo que nos hace suponer que Moreira sólo pretende tener a su disposición su propio Cartel Metropolitano, mismo que estará destinado a cumplir con sus caprichos y formas arbitrarias, abusivas e ilegales para actuar impunemente dentro del ejercicio de la Seguridad Pública, por lo que estas acciones cuánto más le costarán al pueblo.
Está claro que el Gobierno del Estado de Coahuila no cuenta con un presupuesto que le permita seguir creando organizmos públicos con presupuestos injustificados y cargos adjuntos a diferentes servidores públicos que sólo revelan en su admisión la incompetencia de la función pública, tal y como lo es el caso del secretario de Gobierno, Miguel Ángel Riquelme Solís, al que ahora ya le nombraron dos subsecretarios A y B adjuntos, claro con sus respectivos sueldos; así es como nuestro gobernante quiere realizar su función pública, dividiendo más y más los servicios de los distintos departamentos públicos municipales y estatales, buscando también poder lograr inmiscuirse en los asuntos de otros estados como el de Durango.
También debemos reconocer que las autoridades municipales y estatales, ahora con la restricción de los permisos provisionales para los vehículos nacionales, han generado un grave problema que sólo fortalece la ilegalidad en la región, como lo es el uso e incremento de vehículos extranjeros que están registrados dentro de organizaciones civiles como Onappafa y otras similares, mismas que ahora son las que controlan mayormente el registro del parque vehícular de automóviles sin placas, pues nuestras autoridades han quedado inhabilitadas por sus propias acciones arbitrarias para mantener actualizado este registro del parque vehicular.
Así mismo las autoridades les han concedido ventajas indebidas a estas organizaciones civiles que actúan con total impunidad violando lo que ordena el propio Reglamento de Tránsito y Vialidad municipal y estatal de Coahuila.
¿Hasta dónde dejaremos que las malas administraciones públicas se sigan aprovechando indebidamente de los derechos y garantías de los ciudadanos?
Ciudadana de Torreón, Coahuila.
Doctora Catalina Goytia García,
