Colocados en línea como una de las papas calientes que plantea lanzar por la ventana el gobierno al cuarto para las 12 del final del sexenio, hete aquí que al margen del concurso mercantil inconcluso, los nuevos ingenios del Consorcio Azucarero Escorpión que pretenden venderse, enfrentan un Kramer contra Kramer.
Bajo el manto de su administración pública, las unidades expropiadas en septiembre del 2001 por el gobierno foxista, no han cubierto un centavo de cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social.
El adeudo alcanza centenares de millones de pesos.
Justificado el acto de fuerza del régimen bajo la promesa de sanear la empresa propiedad de Enrique Molina Sobrino para venderla en un escenario de transformación radical, con opción de producir más valor agregado, hete aquí que al final del día el gobierno la llevó a la ruina… sin que hasta hoy la obligada rendición de cuentas ofrezca una explicación coherente.
Los ingenios, de acuerdo a las cuentas del conciliador del concurso mercantil al que se les llevó, produjeron durante el lapso 95 mil millones de pesos.
La cauda de lo que se perfila como rapiña alcanzó a particulares de buena fe, entre ellos a la Almacenadora México, propiedad de Raúl Ruiz De Velasco y Villafaña.
Hete aquí que, conminado por el entonces secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, a contribuir a la causa, la organización auxiliar de crédito le entregó a título de préstamo a la dependencia certificados de depósito que amparaban 39 mil toneladas métricas de azúcar.
Éstas habían ingresado a bodegas habilitadas entregadas en comodato de los ingenios Emiliano Zapata, Impulsora de la Cuenca del Papaloapan, El Modelo y Atencingo en fecha posterior a la expropiación, es decir no eran sujetas a su incautación pública. El dulce, de acuerdo a los contratos pactados, quedaba pignorado en los meses de noviembre y diciembre de 2001 y enero de 2002.
La operación, para financiar el pago de la caña de azúcar a procesar, se había pactado entre Caze y la Almacenadora México el 24 de agosto de 2001. La exposición de motivos del gobierno era que carecía de recursos para operar los ingenios, por lo que asumiría de manera temporal el producto de la monetización de los certificados de depósito.
El caso es que hubieron de pasar 10 años y decenas de reclamos judiciales para que la Almacenadora México pudiera recuperar 32 mil toneladas métricas del producto.
El remanente, es decir siete mil más, en paralelo a las bodegas habilitadas, aún se encuentra en litigio.
El calvario se inició en mayo del 2003, cuando la firma planteó un primer reclamo bajo la presunción de fraude, abuso de confianza y lo que resulte, no sólo contra la Secretaría de Agricultura, sino contra el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, radicado en Nacional Financiera.
En la desesperación de la denunciante frente a la prepotencia de la dependencia, a soslayo de un acuerdo que había firmado meses antes, le dirigió el 23 de marzo de 2011 un escrito a la Presidencia de la República en que se hacía la crónica del largo calvario judicial.
En respuesta, se enviaría un oficio a la dependencia conminándola a dar una respuesta expedita al asunto.
Sin embargo, ésta buscaría en octubre siguiente un amparo contra una resolución que ordenaba restituir lo suyo al denunciante… que le fue negado.
Letra por letra, la resolución del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, señalaba que quedaba firme una sentencia de la Juez Décima de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito del 22 de agosto del 2011, que obligaba a la restitución del azúcar y las bodegas habilitadas.
Aún así, la orden sigue sin cumplirse. En el camino, el 20 de octubre del 2011 se emitiría un oficio del Director Comercial Adjunto de lo Contencioso de la Secretaría de Agricultura, Evaristo Aguilar Texis, que ofrecía entregar el control de las bodegas habilitadas a la Almacenadora México en un plazo no mayor a ocho días, pidiéndole además a la firma que se cancelara el pasivo de las 39 mil toneladas métricas pignoradas.
El papel, otra vez, fue letra muerta. Colocada la dependencia, pues, de espaldas a la pared frente a la posibilidad de ser declarado en desacato, parecería que los intereses ocultos están por encima de la ley.
¿Qué se pretende ocultar bajo la alfombra?
Otro robo en despoblado.
BALANCE GENERAL
Colocado de espaldas a la pared tras perder su último recurso, Teléfonos de México será sujeto de una regulación asimétrica por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el terreno de originación de llamadas.
La posibilidad está inscrita en el artículo 54 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Como recordará usted, en el 2007 la Comisión Federal de Competencia había declarado a la empresa encabezada por Carlos Slim Domit como dominante en ese campo, en terminación de llamadas, en enlaces dedicados y en tránsito local.
La firma decidió pelear en forma fragmentada, con la novedad de que perdió por tercera ocasión la opción de replantearse la resolución de la dependencia, vía un recurso de reconsideración.
ORTIZ FIRME
Cerrado el capítulo de los homenajes y las exequias del que fuera presidente honorario vitalicio del grupo financiero Banorte, Roberto González Barrera, se convocará a una asamblea general extraordinaria de accionistas para ratificar como presidente de éste a Guillermo Ortiz Martínez.
El exgobernador del Banco de México, como recordará usted, fue designado como tal hace dos años, en un movimiento de reacomodos planteado por el empresario fallecido para garantizar una sucesión ordenada.
El banco dejó la marca familiar para alcanzar un manejo profesional.
En el caso del Grupo Maseca, otra de las firmas del imperio del empresario desaparecido, se ratificará como presidente mundial a Joel Suárez Aldana, quien había sido colocado como director general de la firma en opción de preparación. Los hijos del fundador de la empresa mantienen el 14.65 por ciento del capital del Banco Mercantil del Norte y el 50 por ciento del Grupo Maseca.
NUEVO PLAZO A MVS
Esta tarde vence el plazo otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la cadena MVS para presentar sus objeciones y alegatos frente al rescate de la banda de 2.5 gigahercios que le despojó de concesiones vencidas y otras por vencerse el año próximo.
La firma había solicitado una prórroga para plantear nuevas pruebas, entre ellas el que la última propuesta que había colocado en la mesa para el pago de la contraprestación reclamada para explotar el espectro era de 11 mil millones de pesos, no los 140 que aduce la Secretaría de Hacienda.
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