La Suprema Corte de Justicia de la Nación está resolviendo una serie de casos que pueden poner fin a la impunidad de una serie de crímenes cometidos de manera sistemática en nuestro país. Son 30 los casos que, de resolverse en el sentido que ya se ha venido adelantando, acotarían de manera radical el fuero militar. El tema es muy importante. El gobierno federal ha obligado a las fuerzas armadas a asumir un papel protagónico en la lucha contra el narco. Hoy está quedando claro que esto no significa que los militares no estén sometidos a las leyes ordinarias.
La Constitución mexicana en el artículo 13 señala que "Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero…Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda."
La letra de la Constitución, sin embargo, no ha sido aplicada en nuestro país. Lo común ha sido que los juicios en contra de militares que cometen abusos contra civiles se ventilen en tribunales castrenses. Los mandos afirman que estos casos no quedan en la impunidad, pero la información disponible o no lo comprueba o señala que, por el contrario, los militares se protegen entre sí.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en 2009 sobre el caso de Rosendo Radilla, un civil detenido ilegalmente por militares en los años setenta y desaparecido mientras se encontraba en sus manos. Ese tribunal ordenó al Estado mexicano hacer los cambios necesarios en la ley para que los militares acusados de crímenes contra civiles fueran enjuiciados por tribunales ordinarios. El Congreso de la Unión ha hecho cambios legislativos y la Corte ha establecido ya la validez del fallo del tribunal interamericano en nuestro país. Ahora los ministros deberán establecer los criterios bajo los cuales se juzgará a los militares.
El primer caso que está viendo la Suprema Corte es el de Jethro Ramsés Sánchez, un hombre presuntamente torturado y asesinado en instalaciones del 21er batallón de infantería. El coronel José Guadalupe Arias Agredano al parecer ordenó que el cuerpo fuera tirado para encubrir el crimen. Un tribunal militar acusó a este coronel no de complicidad en el homicidio sino de "violencia contra las personas". Un amparo detuvo el traslado del caso a un tribunal ordinario y ha llegado ahora a la Suprema Corte. Hay otros 29 casos aguardando los criterios de los ministros.
Yo entiendo que el coronel Arias Agredano tema por su integridad física en caso de ser recluido en una cárcel donde pueda haber personajes del crimen organizado. Es el mismo miedo que afecta a los policías detenidos por algún delito, pero que no gozan de un fuero especial. El Estado tiene obligación de proteger a los reos de agresiones, pero no dándoles un fuero inconstitucional.
Los militares, es cierto, no pidieron convertirse en policías. Simplemente han obedecido las órdenes de su comandante en jefe. Cuando el presidente de la república los volvió policías, sin embargo, quedaron en una posición en la que no tienen más opción que someterse a los tribunales ordinarios.
SABOR DEL TRIUNFO
¿Quién dice que el deporte de alto rendimiento no incide en el ánimo nacional? Después de tres medallas de plata y dos de bronce en estos Juegos Olímpicos, la selección de futbol -sin el Chicharito, sin Carlos Vela y, la mitad del juego, sin Giovani-pasa a una anhelada final. Pocas inyecciones de adrenalina tan importantes ha tenido México en mucho tiempo.
Twitter: @sergiosarmient4
