México destina 48 por ciento del total del gasto público a educación, salud y protección social mientras que 52 por ciento restante se enfoca a mantener la burocracia, los servicios públicos, la defensa y seguridad, una proporción diferente a la de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
En promedio las naciones pertenecientes al organismo destinan 62 por ciento a gasto social y países como Dinamarca destinan 72 por ciento y Alemania con el 69 por ciento.
La OCDE detalla que si se mide el gasto social y burocracia como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) de cada nación, sobresale más la diferencia entre naciones.
El gasto social en México, considerando salud, educación y protección social (programas sociales, transferencias y subsidios), equivale a 9.7 por ciento de su PIB, cuando el promedio de la OCDE asciende a 27.8 por ciento.
En los extremos de la organización se ubica Dinamarca, cuyo gobierno gasta un equivalente del 42 por ciento de su PIB en gasto social, así como Finlandia y Francia que erogan 38 por ciento.
La posibilidad de estas naciones de destinar más recursos a objetivos sociales que a mantener la burocracia, tiene que ver con su base fiscal, que les permite contar con mayores recursos, explica Eduardo Rodríguez Oreggia, director del doctorado en Política Pública del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México.
"En los países donde el gasto social es más grande, cuentan con una base fiscal más amplia; mientras que en el país la mayor parte de las contribuciones al gasto social proviene del ingreso petrolero", explicó.
Agregó que no sólo es el monto la diferencia, también existe una brecha en la forma de ejercer los recursos.
En su último estudio la OCDE reconoció que México era uno de los países con mayores desiguadades económicas sin embargo, reconoció que sí existían mecanismos para estimular el crecimiento y combatir la desigualdad.
La OCDE resalta que las reformas del mercado laboral ofrecen soluciones similares en donde todos salen beneficiados.
Asegura que la reducción de la brecha existente en la protección del empleo entre trabajadores temporales y aquéllos con contratos permanentes reduciría en 25 por ciento la diferencia salarial promedio entre ambos, mientras se estimula el empleo y el crecimiento.
