Un juez federal libró órdenes de aprehensión a 19 elementos de la Policía Federal (PF) por delitos cometidos durante el fallido operativo de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol, en contra de normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
Enfrentan acusaciones por falsedad en declaraciones —ya que negaron haber disparado sus armas, pero los peritajes demostraron que sí lo hicieron—, además de cargos por ejercicio indebido del servicio público, lesiones y abuso de autoridad.
A partir de la averiguación previa PGR/DGCAP/ ZCB-v/ 016A12012, el Ministerio Público de la Federación encontró elementos para ejercitar la acción penal contra los policías federales, y el Juzgado Primero de Distrito en Guerrero, libró las órdenes de aprehensión en su contra el 23 de noviembre.
Los delitos que se les imputan a los federales se derivaron de su intervención durante el bloqueo a la Autopista del Sol que realizaron los estudiantes de la escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, el 12 de diciembre de 2011, que derivó en un enfrentamiento en el que perdieron la vida los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, y Gonzalo Rivas Cámara, empleado de una gasolinera.
Hasta el momento se había procedido penalmente sólo contra funcionarios y policías locales, aunque desde abril pasado al presentar su informe final del Caso Ayotzinapa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigara también los posibles delitos cometidos por los elementos de la PF.
El ombudsman nacional, Raúl Plascencia, reveló en ese momento que de los 168 policías que participaron en el operativo, 91 portaban armas de fuego, de los cuales 59 pertenecían a la División de Fuerzas Federales.
Los peritajes químicos realizados por la propia PGR determinaron que 22 armas que fueron disparadas el día de los hechos —del tipo G-3, Bushmaster, Panther y nueve no identificadas— pertenecían a los agentes adscritos a la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal.
A casi un año del incidente la PGR recabó las evidencias suficientes para consignar y obtener las órdenes de aprehensión contra los 19 policías federales. El juez de la causa encontró elementos para librar los mandatos de captura. En el caso de 15 de los agentes, se les imputa el delito de falsedad en declaración ante autoridad distinta a la judicial, ya que en su primera declaración aseguraron que ninguno de ellos disparó sus armas de cargo en el operativo.
Ante el Ministerio Público de la Federación los ahora acusados afirmaron que “se mantuvieron replegados y a una distancia lejana al lugar donde sucedieron los hechos, y no haber tenido participación alguna en los mismos”.
Sin embargo, con base en los dictámenes periciales realizados por los expertos de la PGR “se estableció que sí habían disparado sus armas de fuego”, por lo que cometieron un delito al desvirtuar los hechos.
Los 19 federales también son acusados por el delito de ejercicio indebido del servicio público, ya que se determinó que “se presentaron al lugar de los hechos portando las armas de fuego a su cargo, y las accionaron contra los manifestantes; además, tampoco preservaron el lugar de los hechos y omitieron en todo momento lo establecido en los protocolos de la policía que se deben aplicar en caso de manifestaciones multitudinarias”.
A otros tres federales se les acusó también de abuso de autoridad, contra, ya que “en el lugar de los hechos al detener a algunos de los manifestantes, ejercieron violencia contra los mismos, no obstante que ya estaban sometidos”.
Uno de los agentes también fue señalado por la PGR como presunto responsable del delito de lesiones, al disparar al aire su arma, hirió a un elemento de seguridad de la casa de gobierno del estado.
