Sin control. Reconocen que Gobernación no cuenta con un control y vigilancia en los casinos que operan a nivel nacional.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que en la Secretaría de Gobernación existe una "falta de control" en la vigilancia de los casinos que funcionan en el país, lo cual "propicia que operen al margen de la legalidad".
Y como ejemplo señala que durante 2010 no se inspeccionaron 108 de los 320 establecimientos que en ese entonces operaban, entre ellos el Casino Royal, que el 25 de agosto sufrió un atentado con un saldo de 52 muertos.
En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, la Auditoría resalta que se carecen de políticas, bases, lineamientos y procedimientos de supervisión y vigilancia de los permisos otorgados a las casas de juego.
También señala que las bases de datos, en las que se registran y controlan los permisos para operar casas de juego, no están actualizadas y no existe un programa para la supervisión de los permisionarios.
Además, en 2010 no se aplicaron sanciones a los permisionarios que incumplieron con sus obligaciones, "lo que refleja la falta de control que existe en la vigilancia de estos establecimientos, y propicia que operen al margen de la legalidad".
Entre las irregularidades que se encontraron destaca la falta de documentación necesaria en los expedientes de los permisionarios. Por ejemplo, el expediente del permisionario que operaba el Casino Roya (Atracciones y Emociones Vallarta) carece de las pólizas de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros y que ampararan sus establecimientos contra riesgos de destrucción, inundación o incendio. Tampoco se encontraron los estados financieros anuales auditados.
Pese a ello, la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos, de la Secretaría de Gobernación, no inició un procedimiento administrativo "para aplicar las sanciones derivadas de los incumplimientos a la legislación y normativa".
Al revisar los expedientes de 12 permisionarios, la auditoria identificó que no cuentan con los documentos a los que están obligados al tener un permiso para abrir una casa de juegos.
La ASF abrió cinco procedimientos de responsabilidad administrativa, uno de ellos por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no supervisaron, mediante visitas de inspección, a los 108 establecimientos de los 320 que operaron en 2010.
Además, realizó seis recomendaciones a la Secretaría de Gobernación, entre ellas que "establezca políticas, bases, lineamientos y procedimientos en materia de supervisión y vigilancia de los permisos para la operación de casas de juego".
