Frente a la incapacidad de los gobiernos locales para resolver los problemas más apremiantes en el ámbito de su competencia, existen dos planteamientos opuestos de soluciones. Por una parte, hay quienes se pronuncian por una disminución de las facultades y responsabilidades de los ayuntamientos a favor de una mayor injerencia de los gobiernos estatales o federal. Por la otra, hay los que se decantan por el fortalecimiento del municipio, a través de la descentralización del poder y con la participación del cuerpo cívico que lo compone.
La primera alternativa no sólo cuenta con una mayor aceptación entre la "clase" política y la sociedad en general, sino que en México se ve favorecida por un sistema de gobierno que, con todo y alternancia, tiende a la verticalidad y al autoritarismo. No obstante, la segunda, impulsada sobre todo por estudiosos y organizaciones multinacionales, como la propia ONU, ha ido adquiriendo mayores espacios en la agenda pública en los últimos años. Y parte del crecimiento en su aceptación se debe al fracaso que ha significado la solución "injerencista".
Luego de la caída del régimen de partido de Estado, que controló durante casi siete décadas prácticamente todas las estructuras políticas del país, muchas de las decisiones otrora facultad exclusiva del presidente de la República y su camarilla, recayeron en los gobiernos de las entidades federativas. En el norte tenemos dos claros ejemplos de la nueva concentración de poder en lo que podría llamarse feudos posmodernos: Durango y Coahuila.
En Durango, el antiguo modelo de sucesión presidencial ha sido replicado. El gobernador en turno designa al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a los que no están de acuerdo no les queda otro camino que la disidencia. Así ocurrió en la administración de Ismael Hernández Deras, quien impulsó la candidatura de su amigo íntimo Jorge Herrera Caldera, que venció en la elección al expriista José Rosas Aispuro, postulado por los partidos de oposición.
Pero en Coahuila, el poder político es ejercido desde hace décadas no sólo por un mismo partido, sino que desde hace un sexenio y durante los próximos seis años lo es por una sola familia: los Moreira. Humberto, el exgobernador, allanó el camino para que su hermano Rubén ocupara el Palacio Rosa de Saltillo luego de que éste operara a favor de aquél desde la dirigencia estatal del PRI y la diputación federal.
Las consecuencias del férreo control político que detentan los gobernadores saltan a la vista. Pese a sus recursos naturales, Durango no ha dejado de ser uno de los estados más atrasados del norte del país, con altos índices de marginación, inseguridad y un pobre desarrollo económico.
Por su parte, Coahuila es hoy referente nacional de corrupción, opacidad e ineficiencia administrativa, con una deuda que en seis años se multiplicó por 100 y que fue contratada en parte de forma ilegal, y con una violencia creciente producto de la operación de grupos criminales que han aprovechado la incapacidad, negligencia y/o complicidad de las autoridades. A ambas entidades las hermana también el ocupar los primeros lugares de impunidad en el país.
Pero si bien este esquema de control no se ha traducido en beneficio de la ciudadanía, resulta efectivo para crear y movilizar estructuras clientelares y garantizar el triunfo en las elecciones frente a partidos de oposición desarticulados y/o divididos, como lo son en la región el PAN y el PRD.
Y la relación de subordinación que se daba antes entre el presidente y los gobernadores, se da ahora entre éstos y los alcaldes, quienes inmersos en el aparato que sostiene al mismo partido, grupo o familia en el poder, se convierten en simples peones del ajedrez que juegan los mandatarios estatales.
Es en este contexto que los gobernadores de los dos estados han emprendido acciones para aumentar su injerencia en los municipios bajo el argumento de intentar "poner orden" en los mismos y contribuir a resolver sus problemas.
En Durango, con ayuda del Congreso local, Jorge Herrera decidió quitar a los ayuntamientos la facultad de emitir permisos viales sin prever el impacto económico que esto traería para los gobiernos locales. También, contraviniendo las recomendaciones del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, emprendió el proceso de instalación de filtros antiarsénico dentro de las casas en vez de hacerlo en las norias, y lo hizo además sin informar oportunamente a los organismos operadores municipales de la Comarca Lagunera, encargados de dar el servicio.
En Coahuila, Rubén Moreira ha impulsado la firma de un convenio de "colaboración" con las autoridades de los 38 municipios con el afán de "poner orden" en diversos aspectos de la administración local. Si bien es cierto que el convenio en sí no significa una violación a la autonomía municipal ni a la Constitución, sí representa un atentado contra la inteligencia de la ciudadanía.
Mediante un documento en el que abundan los errores de fondo y forma, vacíos y ambigüedades que se pueden prestar para duplicidad de funciones y corrupción, el gobernador pretende establecer una vigilancia extraordinaria en los ayuntamientos en aras, según él, de una "mejor rendición de cuentas" y una "mayor eficiencia administrativa".
Vaya paradoja la de un gobierno que no ha podido (o querido) explicar a los ciudadanos qué fue lo que pasó con la deuda y la penetración criminal en la administración anterior y tampoco ha logrado superar el desbarajuste heredado, y que ahora pretende meter al orden a los municipios. A la luz de lo acontecido ¿qué garantías tenemos como ciudadanos de que este convenio sea para bien? La confianza que piden las autoridades no puede ser un acto de ciega fe.
A lo anterior hay que sumar el manejo que se ha hecho hasta ahora del fondo metropolitano, en ambos lados del Nazas, o el que se intenta hacer en Coahuila del Impuesto Sobre Nóminas, ambos fuentes de recursos cuya inversión, en principio, se decidiría en el seno de comités ciudadanos, y que ahora se han convertido en meros sucedáneos de la inversión pública estatal con obras que carecen del consenso y conocimiento de la población.
El problema de fondo en esta injerencia de los gobernadores es que a los problemas municipales no sólo proponen la alternativa de la verticalidad, sino que lo hacen desde posiciones cuestionables y sin autoridad moral alguna, puesto que los gobiernos de Coahuila y Durango han demostrado hasta ahora ser igual o más ineptos que los ayuntamientos. Y, a la vuelta de los años, en vez de soluciones tendremos más problemas, municipios más débiles y gobernadores más poderosos y arbitrarios.
La única salida, pues, es la de fortalecer los gobiernos locales desde la participación de la ciudadanía. ¿Cómo empezar? Intentar responder esta pregunta es, tal vez, el inicio de la construcción de ese camino.
Twitter: @Artgonzaga
E-mail: argonzalez@ elsiglodetorreon.com.mx
